A cuatro días de que venza el plazo para la inscripción de precandidatos a la consulta popular del Pacto Histórico, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar interpusieron una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca por una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que podría dejarlos por fuera de las elecciones de 2026.
Los demandantes alegan que una resolución expedida por el CNE el pasado 17 de septiembre (no. 09673) condiciona la existencia legal del Pacto Histórico a la conclusión de procesos sancionatorios en curso contra partidos que lo integran (Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Partido Comunista y el Movimiento Progresistas).
Según Corcho y Bolívar, esta decisión «cercena los derechos de millones de electores y militantes», y genera una inseguridad jurídica que podría dejarlos fuera de la contienda electoral.
Los precandidatos aseguraron un comunicado que con la acción judicial buscan la protección de sus derechos fundamentales a la participación política, el debido proceso y la igualdad ante lo que consideran un bloqueo institucional que pone en riesgo la participación de la coalición en las próximas elecciones.
La tutela solicita específicamente la suspensión parcial de los efectos de la resolución del CNE de forma provisional y que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil permitir la inscripción de sus precandidaturas presidenciales y legislativas.
Corcho y Bolívar advirtieron que, de no prosperar la medida, se produciría un «perjuicio irremediable», vulnerando los derechos políticos tanto de quienes buscan ser elegidos como de sus electores.
Además, señalaron que la demora del CNE en dar un fallo administrativo y la condición impuesta en la resolución impiden la inscripción de candidaturas en los plazos establecidos, “afectando la democracia participativa y pluralista”.
La tutela sostiene que la condición dada por el CNE “amenaza la legitimidad y operatividad política del movimiento en las próximas elecciones legislativas, afectando gravemente a sus militantes y adherentes”.
De hecho, asegura que el reconocimiento condicionado es ilegal y produce inseguridad jurídica, pues el proceso sancionatorio utilizado por el CNE acumula una larga demora que incumple con los estándares de debido proceso y celeridad administrativa.
El Tribunal Superior de Cundinamarca deberá pronunciarse en los próximos días sobre la procedencia de la medida provisional solicitada.
La tutela se presentó con carácter de urgencia, dado que el próximo 26 de septiembre vence el plazo para la inscripción de candidatos. Además, el 26 de octubre tendrá lugar la consulta popular del Pacto Histórico.
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