La Contraloría identificó hallazgos fiscales en Ecopetrol por más de $86.054 millones. La anterior cifra se divide en dos contratos: el primero, valorado en $49.542 millones, corresponde a un convenio para la operación del Ecoparque Solar Providencia; mientras que el segundo sería de $36.462 millones, por el contrato con la empresa Morelco.
El ente de vigilancia afirmó que hubo un daño fiscal por la inoperancia del ecoparque, lo que causó un deterioro ambiental en el proyecto, la pérdida de su vida útil y sobrecostos en el mismo.
A lo anterior se añadió que también se esperaba el funcionamiento de equipos para el almacenamiento de energía en baterías. Este componente dependía de una donación internacional que fue gestionada por el Ministerio de Minas y Energía, pero no hubo garantías contractuales, y Ecopetrol decidió continuar con la ejecución del proyecto sin contar con dicho componente.
La Contraloría también expresó que hubo una operación parcial del proyecto, con lo cual se incumplió lo establecido en el contrato, ya que este exigía la puesta en operación total de la planta fotovoltaica, el sistema de almacenamiento de energía en baterías y el sistema de control. Asimismo, señaló que hubo una gestión fiscal irregular por parte del Ministerio y de la estatal energética, además de una falta de supervisión, planeación y gestión.
Por lo anterior, expresó que los recursos invertidos no están prestando ningún servicio y que tampoco brindan beneficios para las comunidades raizales.
Frente al hallazgo fiscal con la empresa Morelco, la Contraloría manifestó que Ecopetrol no aplicó oportunamente las medidas previstas en el contrato ante los incumplimientos del contratista, particularmente las cláusulas que hacían referencia a las multas y a la terminación anticipada.
El ente dijo que hubo varios retrasos del contratista entre 2023 y 2024 y que, pese a estos incumplimientos, la estatal energética continuó con el contrato sin aplicar las medidas correctivas, tales como la imposición de multas o la terminación anticipada.
“La entidad inició el trámite de imposición de la multa y el reclamo ante la aseguradora el quince de abril de 2025, cuando el contrato había vencido el treinta de diciembre de 2024 y la póliza se encontraba expirada”, dijo la Contraloría.
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Luego concluyó que esta situación reflejó una gestión inoportuna y una falta de control frente a los incumplimientos, lo que impidió que se implementaran oportunamente acciones de mitigación para el cumplimiento del contrato.
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