Los exmiembros de la Junta Directiva del Grupo EPM, que renunciaron a la misma cuando la Alcaldía de Medellín demandó a los contratistas de Hidroituango, respaldaron la petición de una veeduría para que el Gobierno nacional tome posesión de la compañía.
Por medio de un comunicado, indicaron que están de acuerdo con el derecho de petición presentado por la Veeduría “Todos Por Medellín”, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tomando como base el informe de evaluación integral producido por esta misma entidad.
Este documento señala que en EPM “no existe un mecanismo que permita revisar periódicamente si las determinaciones adoptadas como parte de las reglas de Gobierno Corporativo se ajustan a las reglas estatutarias y las determinaciones del Convenio Marco de Relaciones”.
Además, se “advierte que existe cierta falta de transparencia y acceso a la información relevante sobre los procesos de dirección y gestión”. Lea más en Noticias Empresariales.
La Superintendencia manifestó su preocupación con respecto al proyecto Hidroituango, al indicar que “es importante y oportuno resaltar, que el cronograma como se pudo constatar tiene un margen muy estrecho ante posibles fallas e imprevisiones”.
“Y cualquier desviación del mismo, generará un retraso en la entrada en operación, así como en el cumplimiento de las obligaciones de energía en firme asignadas”.
De acuerdo con el diagnóstico, para la Superservicios el riesgo de la no entrada del proyecto en la fecha indicada por EPM “es bastante alto”, con el impacto que esto tendría en el mercado de energía mayorista.
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Por lo anterior, los exmiembros de la Junta de EPM indicaron que “es necesario que se produzca un pronunciamiento claro y concreto por la entidad de inspección, vigilancia y control, como el solicitado en el derecho de petición por parte de la Veeduría “Todos Por Medellín”.
Esta inquietud se da en un momento en que la Alcaldía de Medellín busca abrir un nuevo proceso para terminar las obras de la hidroeléctrica, al tiempo que los actuales contratistas aseguran que pueden continuarla.
“Acompañamos y apoyamos a la veeduría en su gestión, para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (…) sea la que resuelva el interrogante” de si es viable o no una toma de posesión de la Empresa, explicaron.
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Entre los firmantes del comunicado están Carlos Guillermo Álvarez, Luis Fernando Álvarez, Luis Fernando Arbeláez, Jesús Aristizábal, Tatiana Aristizábal, Andrés Bernal, Javier Genaro Gutiérrez, Claudia Jiménez, Gabriel Ricardo Maya, Manuel Santiago Mejía, Elena Rico y Carlos Raúl Yepes.
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