Frente a la grave situación que atraviesa Montería producto de las inundaciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que tanto funcionarios privados como gubernamentales vinculados a Urrá e Hidroituango deben responder por “haber causado” los desastres ambientales y sociales.
Sin embargo, expertos del sector indicaron que cualquier conclusión al respecto es prematura y señalaron que la represa de Urrá no puede cargar con toda la responsabilidad del problema. Los analistas coinciden en que la culpa no fue de un solo actor, sino del modelo de gestión ambiental.
La polémica se desató después de que, tras las intensas lluvias en Montería, en el Caribe colombiano, el presidente Petro afirmara que el vertimiento de agua de la represa de la hidroeléctrica Urrá en el río Sinú constituía un “crimen ambiental”, al empeorar la situación y provocar el desbordamiento del afluente.
Según Petro, compañías como Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Urrá permitieron el llenado de los embalses. Añadió que, con el vertimiento de aguas, los contratos de gas en la zona se ven beneficiados.
Hasta la fecha, trece barrios de Montería han sido evacuados, y las clases en centros educativos permanecen suspendidas mientras se restablece la normalidad.
El Ministerio de Ambiente, liderado por Irene Vélez, quien también dirige la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), informó que se solicitaron protocolos de emergencia frente al aumento de los caudales.
La ministra señaló que la operación de Urrá no fue responsable y que corresponderá a la Superintendencia de Servicios Públicos determinar si existió un presunto incumplimiento ambiental, el cual, según ella, podría estar asociado a “intereses del sector eléctrico”.
¿Actuó Urrá con responsabilidad?
Sandra Fonseca, exdirectora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergía), manifestó que lo que falló no fue el vertimiento de aguas sobre el río Sinú, sino el modelo de gestión del riesgo ambiental.
Asimismo, afirmó que las declaraciones del presidente sobre la creación de mecanismos artificiales para incrementar la demanda de gas no son exactas.
“El despacho eléctrico se rige por criterios económicos y por restricciones de red, que son responsabilidad de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la cual no ha logrado ejecutar oportunamente los proyectos de transmisión necesarios para levantar la mayoría de las restricciones que obligan al uso de gas. Los conceptos del Gobierno mezclan peras con manzanas y demuestran desconocimiento sobre la operación interconectada del sistema eléctrico. El uso de los recursos depende de la oferta, pero también de decisiones operativas y de los criterios de seguridad de XM”, señaló Fonseca.
Por su parte, Julio César Vera, experto del sector y presidente de XUA Energy, afirmó que no existen incentivos para dejar de generar energía desde los embalses.
“Desde el punto de vista económico y de eficiencia operativa, no existe ningún incentivo para no generar energía. Es un contrasentido afirmar que se haga de manera premeditada para impulsar el uso del gas, cuando el negocio de un embalse es generar, vender y garantizar una operación costo-eficiente, además de proteger la infraestructura en casos de altos niveles de agua”, explicó.
Otros gremios, como la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), indicaron que cuando un embalse alcanza su nivel máximo es necesario descargar agua, ya que, de no hacerlo, se pondría en riesgo la infraestructura, la vida de las personas y los bienes de las comunidades ubicadas aguas abajo.
El gremio agregó que el precio promedio en bolsa fue de $245,8 por kilovatio hora, por debajo del promedio de los contratos, que fue de $298,9 por kilovatio hora durante 78,63 % de 2025. En 2026, la diferencia se amplió, pues el precio promedio en bolsa fue de $213,2 por kilovatio hora, frente a contratos de $300,25.
Con estos datos, Acolgen argumentó que, en un contexto de mayor hidrología, los generadores están aprovechando los recursos hídricos para producir más energía y reducir los precios del mercado.
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Finalmente, Iván Arroyave, experto del sector y banquero de inversión, sostuvo que el evento debe analizarse con rigor técnico y que es necesario esclarecer con precisión qué falló en la prevención, el monitoreo y la toma de decisiones operativas.
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