La Procuraduría General de Colombia abrió investigación al exgerente general de Empresas Municipales de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez González, quien estuvo en el cargo hasta el 21 de septiembre y a otros 12 funcionarios por presuntas irregularidades en el contrato firmado con la Unión Temporal AMI.
El mencionado contrato fue por un total de $215.879 millones, para la implementación de una infraestructura de medición de energía avanzada.
El Ministerio Público señaló que aparentemente se habrían presentado irregularidades tanto en la planeación, como en el manejo presupuestal, en el contrato y en la definición de los valores de este, punto en el que se pudieron registrar sobrecostos en varios de los ítems.
Además, el órgano de control indicó que, si bien una fracción de lo que se pretende lograr con la implementación de una infraestructura de medición avanzada es disminuir el porcentaje de pérdidas no técnicas, este no es el fin último y para lograrla aún falta parte de la reglamentación.
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“Todo lo anterior es lo que permite al despacho afirmar que los documentos técnicos elaborados en la etapa de planeación, bajo los cuales se intenta implementar por Emcali el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de una Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) al parecer son deficientes en los análisis técnicos y económicos, no son claros respecto al objeto de lo que se pretende y eso se refleja en la definición del valor del contrato (sobrecostos/sobreprecios)”, precisó la Procuraduría.
Agregó que “por tratarse de la consumación de una política pública mediante la cual se establecen los mecanismos para implementar la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) en el servicio público de energía eléctrica, el operador de red debe ser especialmente cuidadoso al abordar este proyecto y tener en cuenta los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía y la normativa regulatoria emitida por la CREG, la cual conoce Emcali tal como lo señala en la Adenda 13”.
Sobre la definición del valor del contrato, sostuvo que, aparentemente, existirían distorsiones no explicadas en el cuadro donde se compararon las cotizaciones, el cual fue suministrado por Emcali.
“Así como diferencias relevantes entre los valores definidos como promedio en los ítems y los valores contenidos en la oferta presentada, y como consecuencia de lo anterior sobrecostos en varios puntos del contrato”, explicó el ente de control.
Entre tanto, la Procuraduría agregó que del análisis de la documentación recaudada “puede concluirse que hay cifras atípicas que probablemente afectaron los promedios de los precios unitarios y valor total en varios ítems cotizados, lo que al parecer conllevó a que se presentaran distorsiones extremas en los valores incluidos”.
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Las irregularidades
Entre los casos detectados se encontró la cotización de dos televisores de 55 pulgadas por un poco más de $42 millones, cifra superior en 247 % al promedio del estudio del mercado, y dos unidades de video wall para salas de trabajo cotizadas por más de $763 millones, costo que está 285 % por encima del promedio del mercado.
Igualmente, se hallaron cotizaciones de 3.000 unidades de medidores bifásicos trifilar y de 10.000 unidades de medidores trifásicos trifilar cuyos precios oscilan entre $521.255 y $2’246.800, donde el mayor valor equivale a 4,3 veces el menor cotizado.
En los costos para la instalación del sistema comunicaciones por unidad, los costos fluctúan entre 396 mil 700 pesos y cinco mil 133 millones 84 mil 594 pesos, lo que muestra en este ítem que el mayor valor cotizado equivale a 12.962 veces el menor valor.
Por lo anterior, el órgano de control señaló que aparentemente se habrían vulnerado los principios constitucionales de moralidad, economía e imparcialidad que rigen la función administrativa y el deber de selección objetiva.
Los otros funcionarios de Emcali a quienes se les abrió investigación son el secretario general, Carlos Olmedo Arias Rey; el gerente de la Unidad Estratégica de Energía, Marino del Río Uribe; el gerente del Área de Abastecimiento, Jorge Hernelio Saldarriaga Romero, y el subgerente de Distribución de la Unidad Estratégica de Energía, Adolfo León Aponte García.
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También la subgerente técnica de la Unidad Estratégica de Energía, Mercedes Patricia Muñoz Lora; la jefe de la Unidad de Gestión Administrativa, Carmen Elena Camacho Lozano; la jefe de la Unidad de Abastecimiento, Sandra Milena Llanos, y la jefe de la Unidad de Control de Energía de la Unidad Estratégica de Energía, Ana María Benjumea Gil.
Finalmente, la coordinadora de la Unidad Jurídica, Diana Lucero Mejía Ramírez; la jefe de la Unidad Jurídica, Diana Paola Urrego Trujillo; la coordinadora de la Unidad de Abastecimiento, Silvia Patricia Galindo Salas, y la directora de Presupuesto, María Cristina Acosta Anzola.
