Irán atraviesa uno de los episodios de mayor tensión interna desde las protestas de 2022. Desde finales de diciembre, miles de personas han salido a las calles en distintas regiones del país para manifestarse contra la inflación, la devaluación de la moneda y el deterioro de las condiciones de vida. Lo que comenzó como un reclamo económico ha evolucionado rápidamente hacia un cuestionamiento más amplio al régimen islámico.
Las movilizaciones, que tuvieron su punto de partida en el Gran Bazar de Teherán, se extendieron a universidades, barrios populares y ciudades periféricas. En cuestión de días, el descontento se propagó a más de 100 localidades, en lo que analistas internacionales califican como la protesta más extendida en años.
El detonante económico: inflación y depreciación del rial
El origen de la crisis es económico. El rial iraní alcanzó mínimos históricos frente al dólar, mientras la inflación anual ronda niveles cercanos al 40 %, erosionando el poder adquisitivo de la población. Comerciantes y pequeños empresarios, tradicionalmente considerados un pilar de estabilidad para el sistema, fueron los primeros en cerrar sus negocios y salir a protestar.
El impacto de las sanciones internacionales, sumado a problemas como la mala gestión, la corrupción y la falta de acceso a divisas, ha generado un entorno de alta volatilidad. Productos básicos han registrado fuertes incrementos de precio y, en algunos casos, escasez, alimentando la percepción de que el Gobierno ha perdido el control de la economía.
Los reclamos dejaron de centrarse solo en la inflación. En varias ciudades se escucharon cánticos en contra del liderazgo religioso y llamados explícitos a un cambio de régimen.
Las protestas actuales evocan antecedentes como las movilizaciones de 2009 y el estallido social de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, mujer asesinada por el régimen. Sin embargo, el contexto actual combina una crisis económica más profunda con un escenario regional e internacional mucho más tenso.
La respuesta del Estado
La reacción del régimen ha sido rápida y contundente. Las autoridades ordenaron cortes de internet a nivel nacional para dificultar la coordinación de las protestas y la difusión de imágenes. En paralelo, se desplegaron fuerzas de seguridad y milicias afines al régimen en las principales ciudades.
Organizaciones de derechos humanos reportan decenas de muertos y miles de detenidos, aunque no han cifras oficiales. El líder supremo, Ali Jamenei, ha insistido en que las manifestaciones están siendo instigadas desde el exterior y ha advertido que el Estado no permitirá un escenario de caos interno.
Desde fuera del país, figuras opositoras han reaccionado a la coyuntura con pronunciamientos públicos. Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, ha hecho llamados públicos a la movilización, un hecho que el régimen considera especialmente sensible por su carga simbólica.
En el plano internacional, la coyuntura iraní es observada con atención. Estados Unidos y varios países europeos han expresado preocupación por la represión, mientras que analistas advierten que una prolongación de la inestabilidad podría tener impactos en los mercados energéticos y en la ya frágil seguridad de Medio Oriente.
Trump advirtió al régimen iraní que podría enfrentar consecuencias si continúa la represión violenta. “Les he advertido que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante sus disturbios, los atacaremos con mucha fuerza”, afirmó en una entrevista reciente. La postura de Trump se inscribe en una estrategia de presión sobre Teherán, coherente con su enfoque de confrontación frente al régimen iraní y con intereses geopolíticos más amplios, que incluyen el equilibrio de poder en Medio Oriente, la relación con aliados regionales y el impacto de una mayor inestabilidad sobre el mercado energético.
Aunque el régimen conserva capacidad de control, la magnitud y persistencia de las protestas reflejan una crisis de legitimidad. La combinación de presión económica, desgaste político y aislamiento internacional limita los márgenes de maniobra del Gobierno.
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En el corto plazo, la estrategia de contención podría reducir la intensidad de las manifestaciones. Sin embargo, sin reformas económicas de fondo ni señales de apertura política, el malestar social difícilmente desaparecerá. Para Irán, la coyuntura actual no es solo un episodio más de protesta, sino una advertencia sobre los límites de su modelo político y económico.
