Aunque el ajuste fiscal planeado por el Gobierno colombiano para el próximo año asume un aumento en los ingresos a través de una nueva reforma fiscal, es poco probable que esta sea aprobada en el Congreso, según un análisis de investigación sobre mercados emergentes en América Latina de J.P.Morgan.
El banco estadounidense se refirió a las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado por el Ministerio de Hacienda el viernes pasado y señaló que esperaba que el Gobierno revisara a la baja sus ingresos, como en efecto sucedió (-1,4 puntos porcentuales del PIB) debido a que “evidentemente fueron sobreestimados en la Ley de Presupuesto y el Plan Financiero”. Aun así, serán mejores en comparación con el bache de 2024.
La firma también resaltó que la proyección de ingresos incluye el aumento en las tasas de retención del impuesto sobre la renta, que implica una anticipación de impuestos para 2026 de alrededor del 0,4 % del PIB. “Si esas tasas no se mantienen el próximo año, implicará un golpe para los ingresos”, advirtieron los expertos.
Sin embargo, J.P.Morgan señaló que la postura de los gastos presentada para el resto del año, que explica la mayor parte del deterioro fiscal que ahora se contempla, los sorprendió al alza (+0,9 puntos porcentuales del PIB), “contrariamente a lo que sería óptimo”.
En el informe, también se mostró en desacuerdo con el argumento del Gobierno de que la razón detrás de este incremento es la alta acumulación presupuestaria arrastrada desde 2024 y las inflexibilidades en el gasto.
Así mismo, a pesar de que el déficit fiscal primario para este año se revisó al alza en 2,2 puntos porcentuales del PIB hasta el 2,4 %, este indicador se ubicó 1,1 pp por encima de lo que el banco consideró en su escenario base (1,3 %), un nivel similar al observado el año pasado.
Finalmente, J.P.Morgan manifestó que la decisión del Gobierno de activar la cláusula de escape de la Regla Fiscal, que implica una eliminación temporal de las restricciones impuestas por tres años, se basó en una justificación que “cuestiona seriamente el espíritu de tener un marco para limitar políticas procíclicas”.
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