Dos tutelas que buscaban tumbar el aumento del salario mínimo de 2026 que lo llevó a los $2 millones ya fueron rechazadas por los jueces.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó en su cuenta de X que la primera interpuesta por el exmagistrado Alejandro Linares, la cual buscaba una medida provisional, se cayó.
Linares sostenía en su escrito que el Ejecutivo vulneró el derecho al debido proceso y desconoció el mandato constitucional de concertación al adoptar la decisión sin un acuerdo entre Gobierno, empresarios y trabajadores.
Uno de los elementos más relevantes de la acción es la solicitud de una medida provisional, con el argumento de que el incremento tiene “graves efectos inmediatos” sobre los pequeños negocios, el empleo formal y los trabajadores informales.
El juez constitucional negó esa solicitud, ya que Linares no pudo acreditar un perjuicio inmediato, concreto ni individual, ni la urgencia que exige la ley para suspender una decisión de esta naturaleza.
Por otro lado, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta negó la acción de tutela contra el decreto del salario. La tutela fue declarada improcedente por dirigirse contra un acto administrativo de carácter general, cuyo control corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al juez constitucional.
El despacho reiteró que no se probó afectación concreta al mínimo vital ni perjuicio irremediable, y que la tutela no puede usarse como mecanismo de control abstracto de legalidad.
Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del juez constitucional.
El hecho de no estar de acuerdo con el porcentaje del aumento salarial no equivale a una vulneración de derechos fundamentales.
