La Junta Directiva de Ecopetrol informó que mantiene seguimiento permanente a la anunciada imputación por parte de autoridades colombianas contra el presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán, y que desde 2024 activó un protocolo interno para evaluar las posibles implicaciones del caso.
Según la compañía, el máximo órgano de administración actúa en cumplimiento de su deber fiduciario, en el marco de la Ley 222 de 1995, la Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno corporativo. La compañía precisó que el procedimiento contempla una debida diligencia que incluye el requerimiento formal de información tanto al presidente como a las autoridades competentes.
De acuerdo con la Junta Directiva, Roa ha mantenido informada a la alta dirección, mientras se ejecutan los procesos previstos dentro del sistema de gestión de cumplimiento para determinar eventuales efectos sobre la empresa. El órgano directivo reiteró que respeta la presunción de inocencia del directivo y su derecho al debido proceso.
El monitoreo continuará de manera permanente con el objetivo de adoptar decisiones oportunas en caso de que se requieran, especialmente en lo relacionado con la protección del patrimonio de los accionistas y la estabilidad corporativa.
Ecopetrol señaló que la prioridad es preservar la confianza de inversionistas y grupos de interés, así como garantizar la sostenibilidad financiera y los estándares de gobernanza de la compañía, en un contexto de alta exposición pública y relevancia estratégica para el país.
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