En la recta final de la semana electoral, el Congreso de la República intenta sacar adelante varios proyectos antes de que concluya el actual periodo legislativo y termine oficialmente el cuatrienio del presidente Gustavo Petro.
Tradicionalmente, esta es una de las etapas más lentas de la actividad legislativa porque la campaña presidencial ha llevado a muchos congresistas a concentrarse en sus regiones, mientras que la conformación del nuevo Congreso, que se instalará el próximo 20 de julio, mantiene en suspenso el futuro de varias iniciativas.
Su continuidad dependerá, en buena medida, de quién llegue a la Casa de Nariño y de los acuerdos políticos que se construyan alrededor de la elección de las mesas directivas de Senado y Cámara.
Pese a este panorama, en los últimos días el Legislativo logró aprobar proyectos como la prohibición de la mutilación genital femenina, la ley nuclear, el régimen sancionatorio aduanero, la reforma al sistema de donación de órganos, el endurecimiento de las penas para quienes recluten menores de edad y la tipificación del abuso sexual contra animales.
La Jurisdicción Agraria, el proyecto que tiene frenada la agenda
Ahora, los esfuerzos de varios sectores están concentrados en lograr la aprobación de la Jurisdicción Agraria, considerada una de las piezas fundamentales de la reforma agraria impulsada por el Gobierno.
A cuatro días de que finalice el actual cuatrienio, el Ejecutivo aún no ha definido si convocará sesiones extraordinarias para continuar el trámite de las iniciativas que considera prioritarias y evitar que se hundan por falta de tiempo. Hasta el momento, únicamente el Senado ha confirmado sesiones para martes 16 de junio, miércoles y jueves.
El futuro de proyectos como los bonos escolares, la reforma al Icetex, la ley Jineth Bedoya Lima y la ley de competencias, uno de los proyectos más importantes del Gobierno Petro porque define qué funciones tendrá la Nación y cuáles asumirán departamentos, distritos y municipios, además de cómo se repartirán los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
También define los principios e instrumentos institucionales para orientar la descentralización y mejorar la coordinación entre niveles de gobierno.
Así como la iniciativa que busca ampliar las garantías para los contratistas del Estado y la relacionada con los médicos residentes depende, en gran medida, de que se evacúe primero el debate de la Jurisdicción Agraria.
La razón es el mensaje de insistencia radicado por el Gobierno, mecanismo que impide discutir cualquier otra iniciativa hasta que el proyecto sea aprobado o archivado.
Los ministerios de Justicia y Agricultura han intensificado en los últimos días los llamados para que el Congreso avance en la discusión del proyecto. Incluso, sostienen que acogieron varias de las observaciones formuladas por la oposición frente al controvertido artículo 9.
Dicha disposición establece las competencias de los tribunales agrarios y rurales. Para los sectores críticos, el texto podría afectar garantías procesales y otorgar facultades excesivas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en asuntos relacionados con los baldíos de la Nación.
En la misma línea, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) ha advertido que el artículo permitiría que decisiones sobre procesos agrarios, como la clarificación de la propiedad, los deslindes, la recuperación de baldíos o los procesos de extinción de dominio, queden en manos administrativas y no judiciales.
Sin embargo, más allá de las diferencias de fondo, varios congresistas consideran que el principal obstáculo es el calendario. Los tiempos son tan estrechos que, incluso si algunos proyectos logran superar los debates pendientes, podría no haber margen suficiente para surtir las conciliaciones entre Senado y Cámara, el último paso antes de la sanción presidencial.
