Los analistas y expertos han insistido en que Colombia necesita simplemente un ajuste fiscal de corto plazo, sino una reforma tributaria estructural que defina el sistema necesario para sostener el crecimiento económico durante la próxima década.
Para Juan David Velasco, socio de Impuestos en Baker McKenzie Colombia, la discusión no debe limitarse a cuánto dinero adicional requiere el Estado, sino enfocarse en cómo construir un modelo estable, simple, neutral y competitivo que se alinee con las mejores prácticas internacionales, en lugar de aumentar las cargas sobre los mismos contribuyentes de siempre.
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Velasco propone una transformación profunda que incluye la reducción de la tarifa que se cobra a las empresas, la creación de un IVA con base universal y una tarifa cercana al 15 %, el desmonte de impuestos distorsionantes como el de patrimonio o el 4 x 1.000 y atacar frontalmente la evasión mediante el uso de tecnología y analítica de datos.
¿Considera que el país necesita inevitablemente una reforma tributaria o los errores que esta corregiría se pueden abordar con otros mecanismos?
Colombia necesita una reforma tributaria estructural. La discusión debería comenzar por definir cuál es el sistema tributario que el país necesita para sostener el crecimiento económico durante la próxima década y no únicamente cuánto recaudo adicional requiere el Estado en el corto plazo.
Comparto la aproximación planteada por el ministro de Hacienda designado en cuanto reconoce que la consolidación fiscal no puede descansar exclusivamente sobre mayores cargas para los mismos contribuyentes formales. La sostenibilidad de las finanzas públicas exige ampliar la base gravable y la base de contribuyentes, fortalecer el crecimiento económico, reducir la evasión y revisar con rigor la eficiencia y calidad del gasto público.
¿Por qué es clave que el recaudo sea sostenible?
El recaudo sostenible es consecuencia de una economía más productiva y de una base tributaria más amplia. Cuando un sistema pierde competitividad, incentiva la informalidad, desalienta la inversión y reduce el crecimiento potencial, termina deteriorando su propia capacidad recaudatoria.
La reforma tributaria debe entenderse como una reforma de competitividad institucional y no únicamente como un mecanismo de ajuste fiscal.
¿Cuál debería ser el objetivo de una reforma tributaria ideal para Colombia?
El objetivo debería ser construir un sistema tributario estable, simple, neutral y competitivo, consistente con las mejores prácticas internacionales.
El principio constitucional de eficiencia exige simplicidad. Durante décadas Colombia ha incorporado sobretasas, regímenes especiales, tratamientos preferenciales, impuestos no deducibles y múltiples reglas diferenciadas que incrementan los costos de cumplimiento, generan distorsiones en la asignación del capital y producen cargas efectivas muy distintas entre sectores económicos.
¿Por qué nuestro sistema tributario no es como debería ser?
En la práctica, un sistema tributario deja de ser competitivo cuando grava actividades similares de manera sustancialmente diferente. Resulta difícil justificar que algunos sectores soporten tasas efectivas inferiores al 5 %, mientras otros enfrentan cargas que desincentivan la inversión, reducen la productividad y terminan afectando el crecimiento económico.
Hoy Colombia mantiene una tarifa general del impuesto sobre la renta del 35 %, complementada por sobretasas y otros gravámenes que incrementan significativamente la carga efectiva. En el sector financiero, la tributación integrada —considerando impuesto sobre la renta, sobretasas, gravámenes no deducibles y tributación sobre utilidades distribuidas— puede superar el 70 %. El sector energético enfrenta cargas extraordinarias precisamente cuando la demanda mundial de energía aumenta como consecuencia de la inteligencia artificial, los centros de datos y la electrificación de la economía.
Mantener cargas efectivas extraordinarias sobre sectores estratégicos difícilmente resulta consistente con un objetivo de competitividad.
¿Cómo puede una reforma tributaria resolver esa problemática?
La reforma debería ampliar la base del impuesto sobre la renta mediante la eliminación gradual de tratamientos preferenciales que no respondan a objetivos claramente definidos de política pública y definir una senda de convergencia hacia una tarifa general corporativa del 29 %, consistente con las mejores prácticas internacionales.
El propósito de esta medida es reequilibrar la estructura del impuesto sobre la renta. Una base gravable más amplia permite operar con tarifas nominales más competitivas, fortalece la neutralidad del sistema, reduce las distorsiones en la asignación del capital y mejora la competitividad de Colombia como jurisdicción para invertir. Como miembro de la OCDE, Colombia debe avanzar hacia un sistema tributario más simple, estable y competitivo.
¿Cuál es su opinión sobre los incentivos tributarios?
Los incentivos tributarios siguen teniendo un espacio dentro de un sistema eficiente, pero únicamente cuando movilizan inversión privada hacia prioridades estratégicas para el desarrollo del país.
Deben concebirse como instrumentos de inversión pública indirecta y concentrarse, en el contexto actual, en sectores como salud, infraestructura, energía y desarrollo digital. Su permanencia debería depender de evaluaciones periódicas sobre su costo fiscal y su retorno económico y social, bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas.
En Estados Unidos, el Department of the Treasury y el Joint Committee on Taxation cuantifican periódicamente el costo de los tax expenditures, proporcionando al Ejecutivo y al Congreso una base técnica para evaluar su continuidad. Colombia debería desarrollar una institucionalidad equivalente para que los incentivos tributarios permanezcan únicamente cuando sus beneficios económicos y sociales justifiquen su costo fiscal.
¿Qué tan importante es revisar el papel de la DIAN?
La modernización del sistema tributario también pasa por una transformación profunda de la administración tributaria. La DIAN debe dedicar menos tiempo al control de obligaciones formales de bajo impacto y concentrar sus capacidades en combatir la evasión de mayor cuantía, utilizando analítica de datos, inteligencia artificial y procesos completamente digitalizados.
Una administración tributaria moderna recauda más porque simplifica el cumplimiento, reduce los costos de administración y focaliza la fiscalización donde el riesgo fiscal es mayor.
¿Cómo hacer el sistema tributario colombiano más simple?
El Régimen Simple debería consolidarse como el principal instrumento de formalización empresarial. La eliminación de restricciones innecesarias por actividad económica ampliaría significativamente su alcance y permitiría incorporar nuevos contribuyentes a la economía formal sin incrementar la complejidad del sistema.
La simplificación también debería extenderse al régimen aplicable a los pagos al exterior. Colombia mantiene reglas de retención y tributación que, en numerosos casos, incrementan el costo de importar tecnología, software, servicios especializados y conocimiento que aún no se producen en el país.
Un régimen más simple reduciría costos de transacción, facilitaría la incorporación de nuevas tecnologías y mejoraría la productividad y competitividad de las empresas colombianas.
El sistema también debería incorporar reglas más simples para la consolidación de bases gravables dentro de grupos empresariales y desarrollar principios modernos de transparencia tributaria corporativa, similares a los existentes en Estados Unidos.
Estas medidas permitirían que la tributación refleje la realidad económica de las operaciones, reduzca costos de reorganización empresarial y elimine distorsiones derivadas de estructuras jurídicas sin relevancia económica.
¿Qué impuestos debería modificar la reforma?
Es conveniente avanzar hacia una mayor integración del impuesto corporativo, permitiendo que los dividendos circulen libres de imposición dentro de la cadena empresarial antes de llegar al inversionista final. Este mecanismo evita la tributación en cascada, favorece la reinversión de utilidades y facilita la expansión internacional de las empresas colombianas.
En materia de IVA, Colombia debería evolucionar hacia una base prácticamente universal y una tarifa general cercana al 15 %, preservando mecanismos focalizados para los hogares de menores ingresos. Una base amplia mejora la neutralidad del impuesto, elimina arbitrajes entre bienes y servicios, preserva la integridad de la cadena del IVA y permite operar con una tarifa nominal inferior sin sacrificar la capacidad recaudatoria.
El impuesto al patrimonio y el Gravamen a los Movimientos Financieros deberían desmontarse. Su recaudo representa una porción reducida de los ingresos tributarios, mientras sus costos económicos son elevados. Ambos desincentivan el ahorro y la inversión, fomentan la informalidad y obligan a la administración tributaria a destinar recursos que generarían un mayor retorno fiscal si se concentraran en el impuesto sobre la renta, el IVA y el control de la evasión.
La discusión no debería centrarse en cuánto más gravar a los mismos contribuyentes, sino en cómo construir un sistema que amplíe la base tributaria mediante más inversión, más empresas formales, mayor productividad y crecimiento económico. Esa es la forma más sostenible de fortalecer las finanzas públicas y la competitividad de Colombia.
