Esta semana, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló en un informe sobre la evolución de los cultivos de hoja de coca en Colombia, que alcanzaron un máximo histórico en 2024.
Ese año, la entidad contabilizó 261.000 hectáreas sembradas, un aumento del 3,5 % frente a las cerca de 253.000 registradas en 2023. Esto significa que la coca que se cultiva en el país equivale a un tercio de lo que había para esa fecha en café o maíz.
Recientemente, un informe del centro de estudios Valor Público de la Universidad EAFIT reveló que justo ese año la economía de la cocaína alcanzó dimensiones sin precedentes, pues la producción y el tráfico de esta planta representaron el 4,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano. Esta participación es cinco veces superior al del oro ilegal, que representa cerca del 1 % del PIB.
El documento advierte que este incremento marca un máximo histórico y consolida una tendencia de crecimiento que inició hace una década (2014), cuando la participación de este sector era apenas del 0,8 %.
Lo preocupante es que, a diferencia de otras materias primas, el crecimiento de esta economía no se debe a un aumento en los precios, los cuales se han mantenido relativamente estables, sino a una exposición masiva del volumen de producción.
Estimaciones preliminares de la UNODC indican que Colombia alcanzó en 2024 una producción potencial de 3.001 toneladas de cocaína pura, una cifra récord.
Al respecto, el estudio de EAFIT advierte que los ingresos generados por la cocaína superaron a los de cualquier exportación legal tradicional por primera vez en la historia reciente. Mientras que el petróleo, principal motor de divisas en el país, generó aproximadamente US$15.000 millones, la economía de la coca produjo alrededor de US$16.500 millones para las organizaciones criminales nacionales. De hecho, también superó ampliamente al carbón, al oro y al café.
De acuerdo con el equipo académico, las organizaciones criminales colombianas han logrado capturar una mayor porción del valor total de la cadena, lo que permite que los ingresos fluyan hacia el país en magnitudes mucho mayores. Al retener la propiedad de los cargamentos más allá de las fronteras nacionales, el precio ponderado que reciben por cada kilogramo se estima en US$5.920.
Además, la investigación menciona que estas rentas criminales se han mantenido estables incluso ante la crisis de precios de la hoja de coca que afectó a los campesinos cultivadores entre 2022 y 2023, lo que indica que el grueso de la ganancia se queda en los eslabones superiores del tráfico.
El claroscuro del auge cocalero y su dinamismo económico
Curiosamente, el anuncio en 2014 del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), en el marco de las negociaciones de paz con las FARC, generó un auge sin precedentes en el cultivo de coca impulsado por la expectativa de los campesinos de recibir beneficios gubernamentales.
Un estudio de la Universidad de los Andes analizó las secuelas de este fenómeno y concluyó que la siembra de la plata de coca entre 2014 y 2019 potenció el crecimiento económico de los municipios, pero, al mismo tiempo, motivó la degradación ambiental y la informalidad fiscal.
En detalle, la investigación determinó que un aumento de la producción de esta planta clasificada como ilegal a nivel internacional resultó en un incremento de entre el 2,5 % y el 3,1 % del PIB municipal en un periodo de cinco años, por lo que calificó a la actividad como un motor de crecimiento en algunas zonas del país.
Según el estudio, este impacto va más allá de la simple cosecha, pues tiene un potente efecto multiplicador: por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB local aumenta entre $1,17 y $2,30. Esta liquidez dinamiza sectores como el comercio, restaurantes y servicios en zonas donde la economía formal suele ser inexistente.
En consecuencia, dicho dinamismo económico no se tradujo en mayores ingresos para el Estado, pues el auge de la coca no afectó significativamente el recaudo de impuestos locales como el predial o el de industria y comercio, lo que indica que la riqueza circula casi exclusivamente en circuitos informales y no financia bienes públicos a largo plazo, según la Universidad de los Andes.
Sin embargo, al mismo tiempo, el costo ambiental de este auge fue devastador en el periodo analizado. Las tasas de deforestación aumentaron un 104 % en los municipios más afectados por el boom cocalero.
Aunque llama la atención que no se encontró un impacto significativo en la cantidad de tierra destinada a la producción agrícola lícita. Esto sugiere que los agricultores no estarían sustituyendo sus cultivos de subsistencia por coca, pero tampoco utilizan los excedentes de la coca para expandir la agricultura legal.
Más preocupante aún es la dinámica observada en la Amazonía colombiana, donde se registró un incremento del 302 % en la conversión de cultivos de coca a pastos para ganado. Estos hallazgos sugieren que la coca actúa como un catalizador indirecto de la deforestación, financiando la expansión de la frontera ganadera en ecosistemas estratégicos.
Por otro lado, contrario a las teorías que vinculan intrínsecamente la coca con la violencia, el estudio no halló que el auge de 2014-2019 intensificara significativamente los homicidios o la presencia de grupos armados en términos generales.
Sin embargo, esta aparente estabilidad tuvo una excepción: el asesinato de líderes sociales, que se disparó a partir de 2017 tras la firma de los acuerdos colectivos de sustitución, evidenciando una persecución selectiva contra quienes impulsan la transición a la legalidad.
