Un grupo de expertos de las universidades Javeriana, Andes, Nacional y Fedesarrollo, integrados en la denominada Mesa Fiscal, lanzó una advertencia sobre la situación de las finanzas públicas en Colombia.
Tras siete meses de análisis, su diagnóstico es que el país enfrenta un desequilibrio estructural impulsado por un gasto desbordado, indicadores de deuda en niveles críticos y una institucionalidad fiscal debilitada tras la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal.
De hecho, para la Mesa Fiscal la situación es preocupante tanto en el presente como en el mediano plazo, pues los indicadores clave revelan un deterioro acelerado en la última década.
Por un lado, la deuda pública neta del Gobierno Nacional Central (GNC) escaló del 41,8 % del PIB en 2015 al 58,5 % en 2025, un aumento de casi 17 puntos porcentuales.
Además, la carga de intereses de deuda ha crecido significativamente. La tasa implícita pasó del 6,1 % en 2015 al 7,4 % en 2024. Actualmente, Colombia se ubica en el cuadrante más vulnerable de América Latina por su combinación de alta deuda y altos intereses.
Por otro, mientras que entre 2005 y 2019 el promedio de déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos sin incluir pago de intereses) era de apenas 0,2 %, en 2025 se situó en un 3,5 % del PIB.
Así, las necesidades de financiamiento alcanzaron el 10,5 % del PIB en 2025, el nivel más alto desde 2011, excluyendo la pandemia.
Este escenario ocurre en un momento de fragilidad institucional, pues en 2025 el Gobierno activó la cláusula de escape, suspendiendo las metas de la Regla Fiscal hasta 2028. Sin medidas de ajuste, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que la deuda superará el límite legal del 71 % del PIB en 2028.
Un problema de gasto, no de ingresos
Contrario a la narrativa del Gobierno, la Mesa Fiscal identifica que el desequilibrio no proviene de una falta de recaudo, sino de un gasto primario que creció 4,1 puntos del PIB por encima de su tendencia histórica entre 2019 y 2025.
Este incremento se concentra en cuatro rubros inflexibles: pensiones, salud, el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC).
En respuesta, para estabilizar la deuda en torno al 60 % del PIB y evitar una senda explosiva, la Mesa Fiscal recomienda una consolidación fiscal estructural de entre 4 y 5 puntos del PIB.
El plan propuesto incluye reformas profundas en ingresos y gastos, como una tributaria que le apunte específicamente a cambiar cinco impuestos, y una modificación legislativa que se concentre en cuatro gastos billonarios del Estado.
Así, la reforma tributaria ampliaría la base de renta, dado que Colombia tiene el umbral de declaración más alto entre 30 países analizados (3 veces el salario promedio). El grupo de académicos propone reducirlo gradualmente para que más ciudadanos contribuyan, aunque sea con tarifas marginales muy bajas o nulas inicialmente.
De forma paralela se reduciría la tarifa general de renta a empresas para fomentar la inversión, pero solo si se eliminan beneficios tributarios específicos.
También se deberían gravar las pensiones, pues Colombia es un caso atípico donde ni las cotizaciones ni las pensiones en general suelen estar gravadas (solo las de); los expertos sugieren eliminar al menos una de estas dos exenciones.
A pesar de su impopularidad, se incluyó una propuesta de reforma al IVA. La fórmula sería reducir exclusiones y exenciones para ampliar la base, pero vinculándolo a un mecanismo de devolución personalizada del IVA para hogares vulnerables, apoyado en la creación de un Registro Único de Ingresos (RUI).
Los expertos también coincidieron en la necesidad de fortalecer la DIAN para atacar la evasión en renta de empresas, que se estima en un 5,7 % del PIB.
Respecto a los gastos, la Mesa ve necesario tramitar una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) para que las transferencias a las regiones se definan como un porcentaje del PIB o un valor actualizado por inflación, evitando que cada reforma tributaria nacional aumente automáticamente el gasto regional.
También plantean implementar una regla automática de ajuste de precios internos para la gasolina y el diésel, de modo que reflejen los costos internacionales y no generen déficits persistentes en el FEPC.
Incluso pidieron ejecutar reformas paramétricas en pensiones (edad, tasa de cotización y reemplazo) y en salud para avanzar hacia un plan de beneficios con inclusiones explícitas y costos predecibles.
Finalmente, sugieren hacer de las vigencias futuras un instrumento excepcional y fomentar la cofinanciación con el sector privado y entidades territoriales.
Fortalecimiento de la institucionalidad
Finalmente, la Mesa Fiscal respalda la arquitectura de la Regla Fiscal, pero propone fortalecerla. Sugieren que los conceptos técnicos del CARF tengan un mayor alcance y que, si el Gobierno decide apartarse de ellos, deba explicar sus razones públicamente ante el Congreso. Así mismo, instan a transitar hacia un presupuesto por programas y resultados para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
La conclusión de los expertos es clara: «Entre más tarde se inicie el ajuste, más costoso resultará», bajo el argumento de que la sostenibilidad fiscal es una condición necesaria para que el Estado pueda cumplir sus obligaciones sociales y proteger el crecimiento económico del país.
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