La Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales por $14.511 millones tras auditar a tres empresas encargadas de prestar el servicio de energía eléctrica en Huila, Meta y Nariño. El organismo de control concluyó que sanciones impuestas por autoridades, deficiencias en la ejecución de proyectos, cobros irregulares y contratos incumplidos terminaron convirtiéndose en un detrimento para los recursos públicos.
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Los resultados corresponden a auditorías financieras realizadas durante el primer semestre de 2026 sobre los recursos ejecutados en la vigencia 2025. En conjunto, la Contraloría identificó pagos que calificó como improductivos y que, a su juicio, evidencian fallas en la planeación, el control y la gestión administrativa de las compañías.
ElectroHuila concentra el mayor hallazgo fiscal
La situación más significativa corresponde a la Electrificadora del Huila (ElectroHuila), donde la Contraloría identificó un hallazgo fiscal por $7.274 millones, producto del pago de dos sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).
La primera sanción, por $6.089 millones, fue impuesta por la SIC mediante la Resolución 75276 de 2025, luego de determinar que la empresa cobró de manera irregular el derecho a participar en procesos de invitación pública sin sustento legal ni económico y restringió injustificadamente la participación de consorcios y uniones temporales entre 2019 y 2023, configurando barreras a la libre competencia.
Según la Contraloría, la empresa argumentó que decidió pagar la multa para evitar intereses moratorios y eventuales procesos de cobro coactivo.
A ese monto se suma una segunda sanción por $1.160 millones, impuesta por la Superservicios debido a fallas en la calidad de la prestación del servicio de energía durante los años 2020 y 2021. La Superintendencia calificó esa conducta como una infracción grave, reiterada y de alto impacto social, al considerar que afectó un servicio esencial para garantizar condiciones dignas de vida y el acceso de los usuarios a otros derechos fundamentales.
Meta: proyectos con fallas y sanciones millonarias
En el caso de la Electrificadora del Meta, el órgano de control estableció un hallazgo fiscal por $5.813 millones, relacionado con el pago de sanciones derivadas de deficiencias técnicas y administrativas en proyectos de infraestructura eléctrica.
Uno de los principales hallazgos corresponde a una sanción por $2.926 millones, originada por problemas en la ejecución de proyectos para la construcción de infraestructura eléctrica en los sectores de Santa Helena y Catama.
La Contraloría concluyó que el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Regional derivó en un gasto injustificado para la empresa y configuró un detrimento patrimonial ocasionado por una gestión fiscal ineficiente de los funcionarios responsables de administrar y supervisar esas iniciativas.
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La auditoría también identificó otro hallazgo relevante por $2.562 millones, correspondiente al pago de una multa impuesta por la Superservicios debido a deficiencias en los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las normas para la prestación del servicio de energía y por falencias en la gestión para cancelar oportunamente las obligaciones de la entidad.
Nariño: cobros irregulares y contratos sin ejecutar
La tercera empresa auditada fue Centrales Eléctricas de Nariño, donde la Contraloría determinó un hallazgo fiscal por $1.424 millones.
Uno de los casos está relacionado con una sanción impuesta por la Superservicios por $746 millones, luego de que la empresa cobrara consumos de energía a más de 327.000 usuarios mediante un método no autorizado durante la pandemia. En 2025 se efectuó el pago de $566 millones, monto que fue incluido dentro del hallazgo fiscal determinado por el organismo de control.
La Contraloría atribuyó la situación a la falta de control y supervisión sobre los mecanismos de medición y facturación del consumo, así como a la suscripción de un acuerdo de pago que generó intereses adicionales y a procesos judiciales que terminaron con condenas en costas.
El segundo hallazgo en esa empresa corresponde al pago de $350 millones por un contrato suscrito con POWERGEN INOVATIONS S.A.S. para desarrollar un sistema que permitiera identificar y caracterizar perfiles de consumo de los usuarios.
Sin embargo, durante la auditoría se concluyó que, aunque el contrato fue pagado, el producto no fue recibido debido a incumplimientos en el objeto contractual y en su alcance técnico, situación que la Contraloría atribuyó a debilidades en las labores de supervisión e interventoría.
Más allá de los casos particulares, el organismo de control enfatizó que el pago de multas e intereses moratorios constituye un gasto improductivo, ya que representa recursos que dejan de destinarse al mejoramiento del servicio público para cubrir sanciones derivadas de deficiencias administrativas.
En ese sentido, la Contraloría reiteró que este tipo de situaciones refleja fallas en la planeación financiera y en los mecanismos de gestión y control de los recursos públicos, recordando que la Constitución y la Ley 489 de 1998 obligan a las entidades y empresas que administran recursos públicos a actuar bajo los principios de economía y eficiencia.
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Los hallazgos fiscales ahora deberán seguir el procedimiento correspondiente dentro de la Contraloría para establecer las eventuales responsabilidades fiscales de los funcionarios o particulares involucrados y determinar el resarcimiento de los recursos que, según el órgano de control, ocasionaron un detrimento patrimonial superior a los $14.500 millones.
