La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, a raíz de denuncias sobre presuntos sobrecostos en la compra de transformadores de energía durante su gestión como agente interventor de la empresa Air-e.
Cabe recordar que la compañía fue intervenida por el Gobierno Nacional en 2024 buscando garantizar la continuidad del servicio eléctrico en la región Caribe.
La decisión, firmada por el procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez Herrera, se basa en información revelada por la revista Cambio, la cual accedió a documentos que señalarían posibles irregularidades en la tercerización de las adquisiciones de equipos esenciales para la operación de la empresa.
Según la publicación, bajo el esquema implementado por Palma se habrían pagado valores superiores a los del mercado por la compra de transformadores.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para determinar si las adquisiciones efectivamente tuvieron sobrecostos.
En particular, se solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) un dictamen técnico sobre dos órdenes de compra de 2025, con el fin de establecer si los precios correspondieron al mercado o si, por el contrario, existieron irregularidades.
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¿Qué pasó con Air-e y Edwin Palma?
Air-e, empresa distribuidora y comercializadora de energía en la región Caribe, fue intervenida por el Gobierno en octubre de 2024 en medio de denuncias de ineficiencia, desorden administrativo y dificultades financieras.
Durante el período de intervención, Edwin Palma asumió como agente especial con la responsabilidad de garantizar la continuidad del servicio, mientras se adelantaban procesos de reorganización interna.
La investigación disciplinaria surge en un contexto de críticas recurrentes a la gestión de la compañía intervenida y a los elevados costos de operación que, según sectores políticos y sociales, terminaron afectando a los usuarios del servicio.
La respuesta del ministro Edwin Palma
Frente a la apertura de la indagación, el ministro Edwin Palma se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter). Allí calificó la decisión de la Procuraduría como un procedimiento común en la vida pública, especialmente en un escenario político polarizado.
“A quien nunca le han iniciado una indagación previa o no sabe cómo funciona un proceso de estos, se escandaliza con esto que es apenas normal en una vida pública y política tan convulsa, polarizada y judicializada”, escribió.
El ministro recordó que en su trayectoria política y sindical ha enfrentado más de 30 procesos disciplinarios, varios penales e incluso un período en prisión, de donde salió absuelto.
“Siempre he demostrado mi inocencia y he hecho uso de los recursos que me garantiza el ordenamiento jurídico”, agregó.
Palma cuestionó además que la información fuera conocida primero por medios de comunicación y no a través de una notificación oficial:
“Es extraño que primero lo conozcan los medios que a quien le inician la actuación. (…) Y suele suceder que cuando termina en archivo o absolución, ya nadie dice nada. El daño reputacional está hecho”, expuso.
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“La presunción de inocencia no se destruye”
El jefe de la cartera de Minas reiteró que la apertura de una indagación no significa culpabilidad, sino la verificación de hechos, y pidió respeto por la presunción de inocencia:
“La presunción de inocencia no se destruye por una investigación y menos por un chisme”, puntualizó.
Según Palma, en la vida pública abundan denuncias anónimas o motivadas políticamente que buscan desacreditar la labor de los funcionarios. Afirmó que este proceso será uno más de los que ha enfrentado y que, como en ocasiones anteriores, lo asumirá con transparencia.
Así las cosas, la Procuraduría deberá determinar, con base en las pruebas solicitadas y el análisis de los documentos, si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra el ministro de Minas.
Por ahora, la indagación permanece en etapa preliminar, cuyo objetivo es establecer si las denuncias tienen sustento jurídico y disciplinario.
El caso abre un nuevo capítulo en la relación entre la Procuraduría y altos funcionarios del Gobierno, y pone bajo la lupa la gestión de la empresa Air-e, que desde su intervención ha estado en el centro del debate público por su papel en la prestación del servicio eléctrico en la Costa Caribe.
