En el marco del evento RAP Caribe (Región Administrativa y de Planificación del Caribe), celebrado en Montería (Córdoba), algunos de los principales miembros del sector energético colombiano hicieron un llamado al Gobierno Nacional y al futuro presidente para que ponga sus ojos sobre la región Caribe. Esta zona tiene un potencial de 80 % de las energías renovables del país, 20 % de su gas disponible, 25 % del consumo energético de Colombia y 12 millones de habitantes. Sin embargo, concentra 92 % de la subnormalidad eléctrica. Con base en la anterior cifra, podría decirse que nueve de cada 10 conexiones eléctricas precarias se ubican en esa región.
Conozca el documento completo de RAP Caribe.
A lo anterior se suma que 40 % de la pobreza energética del país se concentra en esta región, junto con más de 14.000 proyectos de energía solar que no tienen puntos de conexión. Las cifras también revelaron que hay un ingreso per cápita de $460.000, frente a $700.000 en la zona Andina. Asimismo, las tasas de recaudo se ubican entre 4 % y 5 % en zonas subnormales, mientras que los niveles de pérdida de energía llegan a entre 29 % y 32 %, frente a 15 % de la media nacional.
Es por ello que los actores del sistema energético señalaron que debe haber una evolución institucional y un marco que se adapte a las condiciones socioeconómicas de la región, en el que exista una planeación descentralizada. Simultáneamente, debe implementarse un saneamiento de las deudas que existen en el mercado y un diseño de tarifas diferenciales, en las que precisamente se reconozca que en la región existen altos índices de pobreza e informalidad.
A la vez, se mencionó que debe desplegarse una infraestructura inteligente, digitalización de redes y modelos eficientes en materia de distribución y comercialización eléctrica. En cuanto al tema de energías renovables, la región tiene un gran potencial, no solamente en energía solar, sino también en energía eólica (producida con el viento), por lo cual la incorporación de baterías impulsaría al sector.
A la vez, se planteó que deben desplegarse megabaterías y microredes híbridas en zonas no interconectadas, con la finalidad de que haya una mayor estabilidad cuando se presenten fenómenos climáticos como El Niño. Esto también ayudaría a disminuir presiones y congestiones en el sistema, gestionar intermitencias y atraer inversiones para que haya un suministro de energías limpias, junto con una mayor conexión en zonas remotas.
Dentro de las propuestas, se indicó que las microrredes híbridas de energías renovables con baterías en zonas aisladas reducirían la dependencia de combustibles fósiles más costosos, junto con una mejora en la conexión energética de locaciones remotas, garantizando energía las 24 horas e incrementando la competitividad en la región.
Por otro lado, se hizo un llamado a fortalecer la diversificación de la matriz energética, señalando que energías como el hidrógeno o la geotermia pueden flexibilizar el sistema energético de Colombia, permitiendo que la región avance en este mercado y aporte a la generación de energía renovable.
Otro de los puntos abordados es que haya una refocalización y rediseño de los subsidios, ya que se requeriría que las entidades territoriales realizaran una actualización catastral con la finalidad de lograr una focalización eficiente de estos recursos, y de esa manera, solventar la falta de liquidez de los operadores de red, tanto intervenidos como no intervenidos, y también reducir el déficit del sector.
Adicionalmente, está el tema de que haya un esquema de pagos para sanear el flujo de caja operativo y estabilizar el mercado frente a deudas acumuladas e intervenciones. Es decir, los actores afirmaron que debe garantizarse la sostenibilidad financiera de los prestadores de energía con la finalidad de que la falta de pago y el déficit de caja no ocasionen un colapso en otros actores de la cadena.
Jesús Pérez Benito, gerente de RAP Caribe, manifestó que este tipo de iniciativas, entre otras estipuladas en el documento, son necesarias y están diseñadas para que el Gobierno las tenga en cuenta. Señaló que esta visión no es solamente de largo plazo, sino que debe ser considerada de forma inmediata para evitar un desabastecimiento energético de cara al fenómeno de El Niño que ya llegó a Colombia.
“Aquí, como operador, se necesitan políticas públicas concretas, rápidas y de largo plazo para continuar prestando el servicio y seguir invirtiendo. No son muchas las empresas que destinan $800.000 millones sin tener la caja para invertir en el Caribe. Necesitamos eso. Y por eso esta es la ruta, por eso hicimos parte de esto. ¿Hay solución? Sí, pero necesitamos que exista entendimiento, corresponsabilidad y que el país entero apueste por el Caribe”, afirmó Ricardo Arango, gerente general de Afinia, empresa del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Otras opiniones en el sector
Por su parte, Julio César Vera, presidente de XUA Energy y experto en energía, manifestó que se deben seguir fortaleciendo inversiones para mejorar las redes de distribución, optimizar costos operativos y, particularmente, reducir pérdidas en el sistema. También señaló que debe sanearse la deuda pública en la región mediante una articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales, con la finalidad de garantizar los pagos y evitar que se siga teniendo una “vena rota” en la industria eléctrica colombiana.
“Hay que hacer un trabajo importante con las autoridades policiales y judiciales en contra de las pérdidas ilícitas en la región Caribe, lo cual implica que, a su vez, debemos hacer un trabajo social e integral con los ciudadanos. Debemos dar recursos para que accedan a la energía, pero disminuir los incentivos a las conexiones fraudulentas e ilícitas, siendo implacables en la persecución de mafias relacionadas con este tema”, enfatizó.
