La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) manifestó su preocupación frente a la propuesta del Gobierno Nacional de aplicar una contribución del 20 % a los usuarios industriales de energía, con excepción de los manufactureros.
La organización advirtió que la medida tendría consecuencias negativas para la competitividad del país, afectaría a distintos sectores productivos y terminaría impactando directamente a los consumidores finales.
La alerta fue planteada por la directora ejecutiva de Asoenergía, Sandra Fonseca, en una carta enviada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y ratificada en un comunicado público.
Según el gremio, la decisión del Gobierno refleja una falta de control regulatorio sobre las tarifas de energía, cuyo aumento sostenido ha incrementado de manera significativa el costo de los subsidios y las cargas que recaen sobre la Nación.
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El aumento de las tarifas, un problema estructural
Asoenergía explicó que el costo unitario de la energía eléctrica pasó en promedio de 491,7 pesos por kilovatio hora en 2020 a 789,46 pesos en 2025, un incremento del 60,5 %. Como resultado, los recursos destinados a subsidios para los estratos 1, 2 y 3 aumentaron de $2,8 billones en 2020 a $5,1 billones en 2025.
El gremio sostuvo que este crecimiento no obedece a una mayor cobertura de los subsidios, sino a deficiencias en la regulación tarifaria.
A su juicio, los ajustes a la fórmula de cálculo no se han hecho de manera oportuna, lo que ha generado una carga desproporcionada tanto para el Estado como para los usuarios. “Si las fórmulas tarifarias hubieran sido corregidas en los tiempos establecidos, los subsidios y las contribuciones hoy serían más racionales”, explicó Fonseca en su comunicación.
En esa misma línea, Asoenergía señaló que el aumento en las tarifas responde a la falta de actualización de los componentes de la fórmula tarifaria, el retraso en la ejecución de inversiones en infraestructura de transmisión y generación, y a la permanencia de indexadores que incrementan los ingresos de los prestadores del servicio sin traducirse en beneficios para los usuarios.
De acuerdo con los análisis de Asoenergía, Colombia es actualmente el segundo país de América Latina con los costos de energía más altos para la industria, con un promedio de US$0,213 por kilovatio hora, por encima del promedio regional de US$0,150.
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Esto ubica al país en clara desventaja frente a competidores como Brasil, Perú, Argentina y Chile, donde los precios son significativamente menores.
En este contexto, la implementación de un nuevo gravamen del 20 % a los usuarios industriales —con excepción de los manufactureros— aumentaría los costos de producción de manera considerable.
De acuerdo con el gremio, esto reduciría la capacidad de las empresas nacionales para competir en el mercado internacional, tanto en exportaciones como en el frente interno, donde habría una mayor entrada de productos importados de países con menores costos energéticos, como China, Rusia, Perú y Turquía.
El impacto, además, no se limitaría a las compañías directamente gravadas, sino que se trasladaría a lo largo de la cadena productiva. Sectores como la agroindustria, la minería, la construcción y los servicios públicos verían incrementados sus costos, lo que finalmente repercutiría en los precios al consumidor y en la inflación.
Efectos sectoriales
Asoenergía detalló que los sectores intensivos en consumo energético serían los más afectados. La explotación de minas y canteras, que ya presentó una reducción del 5,2 % en 2024, podría sufrir un mayor retroceso.
La industria manufacturera, aunque exenta de la contribución, recibiría el impacto indirecto por los costos en su cadena de suministro y venía de registrar una caída del 2,1 %.
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El agro, que mostró un repunte importante en 2024 con un crecimiento del 8,1 %, también estaría en riesgo, al igual que los servicios públicos, especialmente los de gas natural y distribución de agua, que perderían el beneficio de exclusión de esta contribución. En estos casos, los incrementos se trasladarían directamente a los usuarios.
El gremio advirtió que estas distorsiones representan un retroceso frente a los avances logrados en los últimos años en materia de productividad, atracción de inversión y generación de empleo.
Consideraciones legales
Además de los efectos económicos, Asoenergía planteó reparos legales a la propuesta.
Recordó que la Ley 1430 de 2010 eximió a ciertos usuarios industriales del pago de contribuciones especiales a partir de 2012, y que los decretos 2915 de 2011 y 2860 de 2013 establecieron los sectores beneficiados, entre ellos minería, agroindustria y construcción.
Para la Asociación, modificar este marco a través de un nuevo decreto podría contradecir principios de jerarquía constitucional, así como los criterios de igualdad, confianza legítima y neutralidad regulatoria.
En su opinión, no es consistente excluir a unos sectores y mantener exenciones para otros, cuando todos cumplen condiciones similares de consumo energético e importancia económica.
Llamado a la CREG y al Gobierno Petro
Frente a este panorama, Asoenergía pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tomar acciones inmediatas para ajustar la fórmula tarifaria, cumplir con los periodos regulatorios, aplicar los criterios de eficiencia y exigir la ejecución de inversiones pendientes.
Solo de esta manera, afirmó, se podrá contener el aumento de las tarifas, reducir los subsidios y evitar que se trasladen mayores cargas tributarias a las empresas y a los consumidores.
El gremio reiteró su disposición a dialogar con el Gobierno, pero insistió en que la solución no debe ser el incremento de tributos sobre una base que ya es alta y creciente, sino la corrección de los problemas estructurales del sistema tarifario.
Asoenergía concluyó que la medida de aumentar en un 20 % la contribución a los usuarios industriales de energía es regresiva y generaría efectos adversos sobre la competitividad, el crecimiento económico y la inflación.
Según el gremio, la discusión debe centrarse en resolver las ineficiencias de la regulación, y no en trasladar más costos a las empresas y a los consumidores.
