El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recibió este 26 de junio el informe trimestral del secretario general sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que llega en medio de la transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien tomará posesión el 7 de agosto.
En la sección de observaciones, el secretario general fue enfático sobre el momento que atraviesa el proceso de paz colombiano: «la transición hacia un nuevo Gobierno se está llevando a cabo en un momento crítico para el proceso de paz».
Reconoció la «resiliencia» de las instituciones colombianas tras un proceso electoral que se desarrolló «a pesar de los incidentes de seguridad previos y de un ambiente preelectoral tenso».
El informe hace un llamado directo a la continuidad institucional de cara al cambio de gobierno: «una transición fluida y cooperativa entre los Gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo Final de Paz».
La ONU confirmó que su representante especial en Colombia «entablará un diálogo con las nuevas autoridades en el período venidero para conocer sus puntos de vista y prioridades», apoyándose en «casi 10 años de asistencia prestada durante distintos Gobiernos».
El secretario general cerró su balance con una advertencia sobre las causas estructurales de la violencia: sostuvo que las zonas más golpeadas por el conflicto «son precisamente aquellas en las que la implementación ha sido insuficiente», y llamó a que «las políticas de seguridad y las iniciativas de paz» se refuercen «mutuamente de forma armoniosa» en la nueva administración.
El componente rural, el más avanzado del Acuerdo
En materia de reforma rural integral, el informe cuantifica los avances desde la firma del Acuerdo Final de 2016: se han entregado casi 370.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas —de las cuales solo 114.000 cuentan con títulos definitivos—, frente a la meta de 3 millones de hectáreas.
La formalización de tierras llegó a 4.091.252 hectáreas de las 7 millones proyectadas. El organismo precisó que, según el DANE, la pobreza multidimensional rural bajó del 38,6 % al 22,4 % entre 2018 y 2025, aunque «sigue siendo más del doble que la media nacional».
El informe también señala un revés legislativo: pese a que el presidente Gustavo Petro sancionó en marzo la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, el Congreso cerró su periodo ordinario el 20 de junio «sin que el Congreso aprobara el proyecto de ley» que debía reglamentarla, lo que obligará a la próxima legislatura a tramitarla desde cero.
El documento reporta que, desde 2016, han sido asesinados 493 excombatientes —entre ellos 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos—, aunque precisa que los homicidios se redujeron a cinco en lo corrido de 2026. En paralelo, entre el 27 de marzo y el 1 de junio, la ONU recibió denuncias de 33 asesinatos de líderes sociales, de los cuales solo 2 estaban verificados al cierre del informe.
La Misión documentó también hechos graves de violencia armada en el periodo, entre ellos un ataque con explosivos del Estado Mayor Central el 25 de abril en Cauca que dejó «21 civiles muertos y otros 35 heridos» tras alcanzar un autobús de pasajeros, y enfrentamientos en Guaviare a finales de mayo donde se recuperaron los restos de cerca de 50 combatientes, entre ellos «tres niñas y ocho niños».
Sobre desplazamiento forzado, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 5.272 personas desplazadas y 9.553 confinadas en 26 emergencias humanitarias entre el 27 de marzo y el 1 de junio, con un 58 % de afectados pertenecientes a comunidades étnicas.
