La Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció el inicio de una actuación administrativa con el fin de “someter al grado de supervisión denominado control a la empresa Aldea Proyectos S.A.S.”.
Esa medida, dijo la entidad, busca convocar a la compañía “a un proceso de reorganización, con el propósito de conservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo”.
Aldea Proyectos, según su página web, “nació en Bogotá en 1998 con el objetivo primordial de prestación de servicios profesionales de Gerencia, Construcción, Promoción y Desarrollo de negocios de finca raíz, además de Interventoría y Auditoría”.
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, el mecanismo de control es el máximo grado de supervisión, de carácter subjetivo y societario para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica.
Así mismo, permite convocar a la sociedad al trámite de un proceso de insolvencia, como medida preventiva, con el fin de preservar la empresa y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias.
Aclaró que “el grado de supervisión denominado control no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la sociedad, que conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la ley, con plena garantía de sus derechos”.
También explicó que “los consumidores financieros de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de las cuales se encuentran las fiduciarias, podrán someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y dichas entidades”.
Aldea Proyectos, ¿qué proyectos tiene?
La firma Aldea Proyectos ha tenido reconocimiento en el sector construcción en Colombia por proyectos como el centro comercial El Retiro en Bogotá, la Torre Samsung en Bogotá, el hotel Movich de Cartagena, entre otros.
Pero, sobre todo, la firma fue mencionada por uno de los proyectos que hace alrededor de 8 años generó expectativa en el norte de Bogotá.
Se trata del proyecto América Centro de Negocios que está ubicado en una de las esquinas más cotizadas de la capital colombiana.
Es la esquina de la carrera 7 con calle 100 en donde en ese momento se anunció que se construirían dos lujosas torres y que aprovecharía la cercanía con los proyectos de Trasmilenio por la Avenida 68 (conexión con la calle 100) y por la Carrera 7 (Corredor Verde) que ha tenido repetidas demoras por cambios de trazado y demandas ante instancias judiciales.
Sin embargo, desde hace varios años la primera torre dejó de crecer y permanece abandonada. La segunda nunca inició construcción, hay un hueco de varios metros que acumula maleza.
Hace 7 años, la empresa publicó este video en donde promocionada a América Centro de Negocios como el proyecto más cotizado de la ciudad.
La investigación
La obra frenada y la demora en las resoluciones de la construcción llevó a que la Contraloría General de la República iniciara una investigación porque los lotes en donde se levantaría el billonario proyecto eran administrados por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil).
La entidad estableció que los lotes fueron entregados sin garantías legales en caso de que algo saliera mal.
Cambio publicó en junio de 2023 que la Contraloría había establecido que el daño a los recursos de la Cremil -que maneja las pensiones de los militares- ascendería a medio billón de pesos.
La propuesta, explicó la revista, era que la Cremil debía entregar 14 lotes entre las carreras 7 y 8 sobre la calle 100 en donde iniciaría el proyecto.
Como compensación, la Cremil recibiría 16.819 metros cuadrados de oficinas que podría poner a la venta, además de 289 parqueaderos en el edificio de 11 pisos.
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El contralor delegado para el sector Defensa, Luis Eduardo Parra, le dijo en ese momento al medio que “el daño total, real, cuantificable y presente supera los $577.000 millones, que se configura por el menoscabo patrimonial de Cremil, causado por un negocio jurídico mal hecho cuando se transfirieron los derechos reales de propiedad de los 14 lotes sin una garantía real o personal que compensara el riesgo de incumplimiento por parte del fidecomiso”.
Otro de los factores que investiga la Contraloría es que la Cremil no podía entrar en negocios para ventas de bienes inmobiliarios sin obtener los permisos respectivos.
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