Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, abrió un nuevo frente de discusión en el sector energético al mencionar que la eventual importación de gas desde Venezuela podría reconfigurar el mapa de abastecimiento en Colombia, incluyendo la viabilidad económica de proyectos estratégicos como Sirius.
Y es que en medio de un déficit estructural de gas que el país arrastra desde hace varios años, el Gobierno de Gustavo Petro insiste en acelerar la reactivación del gasoducto binacional con Venezuela. Sin embargo, el proceso aún carece de definiciones clave: no hay claridad sobre los tiempos de reparación del tramo pendiente en territorio colombiano, ni sobre quién ejecutará las obras.
A esto se suma un obstáculo determinante: las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que siguen vigentes y condicionan la participación de actores como Ecopetrol en la operación.
Aunque desde el Ministerio se ha planteado que el componente jurídico podría resolverse rápidamente si existe voluntad política, lo cierto es que hoy confluyen tanto limitaciones técnicas como regulatorias que impiden fijar un cronograma concreto para la entrada en operación del suministro.
El impacto potencial de este gas importado no es menor. Palma reconoció en entrevista con Portafolio que, si llega a precios competitivos, podría alterar las dinámicas del mercado y reducir la relevancia de proyectos como Sirius, que ha sido presentado como una de las grandes apuestas para garantizar el abastecimiento interno. Bajo este escenario, el desarrollo de Sirius quedaría supeditado a las señales de precio: si el gas venezolano resulta más económico, la demanda tendería a privilegiarlo.
En ese contexto, el ministro dejó abierta la puerta a un cambio de enfoque: Sirius podría pasar de ser un pilar del consumo doméstico a convertirse en una plataforma de exportación o en una reserva estratégica de largo plazo, más que en una solución inmediata al déficit.
La discusión también alcanza a la infraestructura de importación. Frente al creciente interés del mercado por desarrollar múltiples proyectos de regasificación, el jefe de la cartera energética adoptó una postura restrictiva.
A su juicio, la demanda del país no justificaría más de uno o dos proyectos de este tipo, especialmente si se concreta el ingreso de gas desde Venezuela. Esto contrasta con estimaciones del sector que plantean un potencial de más de diez iniciativas.
En paralelo, Palma enfrió el debate sobre el fracking al señalar que no es una prioridad para el Gobierno actual, y que su desarrollo trasciende el periodo presidencial. Según explicó, se trata de una decisión que debería resolverse a través de mecanismos democráticos, sin precisar cuáles serían ni si implicarían herramientas como consultas o eventuales reformas de mayor alcance.
