En medio de la emergencia climática que golpea a los departamentos de Sucre y Córdoba, el presidente Gustavo Petro pidió revivir la emergencia económica ante la Corte Constitucional, con el argumento de que la crisis humanitaria ha escalado a un nivel que exige herramientas extraordinarias e inmediatas.
Esta vez, la emergencia económica no se sustenta en la falta de recursos tras la caída de la ley de financiamiento en el Congreso —como se interpretó inicialmente— sino en un escenario “sobreviniente” marcado por el desastre climático y la urgencia de atender una tragedia en curso.
La carta de Petro para revivir la emergencia económica
A través de una carta formal enviada a la Sala Plena, Petro solicitó reconsiderar la medida provisional que mantiene congelado el decreto mientras se emite el fallo definitivo. Según el mandatario, los hechos recientes cambian sustancialmente el contexto bajo el cual se adoptó la suspensión.
“Precisamente por respeto a ese control constitucional, y en el marco del diálogo institucional que nos exige la democracia, me permito poner en su consideración hechos nuevos, graves y sobrevinientes, que hoy cambian de manera sustancial la realidad que vive el país. Una emergencia que ya está cobrando vidas”, escribió Petro.
El Gobierno expuso cifras que buscan dimensionar la magnitud de la crisis:
• Han muerto al menos 14 personas.
• Más de 9.000 viviendas han sido destruidas.
• Cerca de 50.000 familias, unas 300.000 personas, han resultado afectadas.
• Más de 35.000 hectáreas productivas permanecen inundadas, comprometiendo el sustento y la alimentación de miles de hogares.
Además, los informes técnicos advierten la posible llegada de un nuevo frente frío, lo que podría agravar aún más la situación en el Caribe colombiano. Para el Ejecutivo, no se trata de un debate ideológico sino de una urgencia humanitaria.
En ese contexto, el jefe de Estado insistió en que mantener la suspensión limita la capacidad del Estado para actuar con rapidez frente a una tragedia que ya está en desarrollo.
“Por estas razones, y en atención a los hechos sobrevinientes, extraordinarios y de gravedad creciente aquí expuestos, solicito respetuosamente que se levante la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025, para permitir al Estado actuar de manera inmediata y eficaz frente a esta tragedia”, se lee en la carta.
Expertos opinan de la emergencia económica
A pesar de lo anterior, sus argumentos serían insuficientes para lograr revivir la emergencia económica en la Corte Constitucional.
Según el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, esta es una “mala idea” y no tendría sentido ni jurídico ni económico. Explicó que las necesidades derivadas de la ola invernal ascienden apenas a $500.000 millones, es decir, cerca del 3 % de lo que se pretendía recaudar con la emergencia, recursos que podrían obtenerse fácilmente mediante una simple redistribución del presupuesto nacional.
Restrepo recordó que desde noviembre de 2025 está vigente el decreto de desastre nacional (1193 de 2025), lo que permitiría atender la crisis con una redestinación equivalente al 0,09 % del presupuesto de 2026, por lo que —a su juicio— lo que ha faltado es voluntad política y no herramientas excepcionales.
Por su parte, Kenneth Burbano Villamarín, decano de Derecho de la Universidad Libre, señaló que la Corte Constitucional ya ejerce control automático sobre el Decreto 1390 de 2025 suspendido, en el que se invocaron los desastres naturales.
«Si el Gobierno pretende expedir una nueva emergencia por la ola invernal en Sucre y Córdoba, tendría que demostrar que se trata de hechos distintos y sobrevinientes, y cumplir estrictamente con los requisitos materiales y formales exigidos por la Constitución y la jurisprudencia”, dijo.
Y agregó que estos incluyen una perturbación grave e inminente, que las medidas ordinarias sean insuficientes y que la declaratoria esté debidamente motivada, firmada por todo el gabinete y remitida oportunamente a la Corte. “Si la sustentación es adecuada, una emergencia climática podría ser declarada exequible», anotó.
