El presidente, Gustavo Petro, denunció este jueves la existencia de una red de corrupción dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con un impacto fiscal que se estima en $498.000 millones.
El informe técnico de la Agencia ITRC, que se presentó durante una rueda de prensa, revela «graves irregularidades relacionadas con la manipulación de sistemas, fraude administrativo y omisión de controles» que comprometen la transparencia del sistema tributario y aduanero del país.
El mandatario subrayó que la defraudación es de carácter «billonaria» y explicó que se debe a que el software con el que se realizan los registros de importaciones y las declaraciones de renta, denominado Lucía, tiene una «construcción arquitectónica que permite la fuga de dineros porque no permite controlar».
De hecho, Petro afirmó que el software «está hecho para robar» y señaló que el fraude acumulado alcanza aproximadamente los $8 billones.
También indicó que la defraudación «tiene un anclaje fundamental en el lavado de dólares del narcotráfico» y enfatizó que las «mafias» se han apropiado de puestos y funcionarios para aumentar el contrabando y la evasión, actuando «con el estado» en lugar de en contra de él.
En consecuebcia, 116 funcionarios de la DIAN y de aduanas están siendo investigados y sus nombres han sido entregados a la Fiscalía.
Hallazgos de manipulación de sistemas
La directora de la Agencia ITRC, Eva Carolina Madrid, informó que a través de 29 inspecciones ha descubierto una red criminal operando dentro de la DIAN. Según su seguimiento hay tres sistemas que están siendo adulterados: SIGA, Siglo XXI y Lucía.
La funcionaria explicó que estas alteraciones facilitan el «contrabando técnico», donde se cambian los NIT de empresas legales por los de operadores económicos autorizados o entidades del Estado. Este mecanismo permite que las mercancías ingresen sin los controles específicos aplicables.
Además, se detectaron 499 levantes fraudulentos a través del software Lucía. Un solo levante puede permitir el ingreso de un número indeterminado de contenedores, a veces más de 200.
La Agencia ITRC también identificó 32 empresas legales que actúan como importadoras de contrabando y denunció manipulación de documentos para el ingreso de vehículos de alta gama por parte de diplomáticos y exdiplomáticos en la seccional de Santa Marta.
Incluso reveló un hallazgo de $44.000 millones en procesos jurídicos donde se hicieron devoluciones de dinero sin cumplir el requisito legal, operando el «silencio administrativo», junto a la venta de cuentas de funcionarios de la DIAN en el mercado negro para realizar operaciones ilegales.
Finalmente, Madrid contó que detectaron que en las devoluciones tributarias se han perdido $3.000 millones por malos procedimientos.
Preocupaciones fiscales tendrían origen en el fraude
El director encargado de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, confirmó que el problema principal radica en los criterios de selectividad de las importaciones, que involucran la interoperabilidad de los sistemas SIGA, Lucía y MUISCA de la DIAN, pues casi una tercera parte de la cobertura posible no tiene una regla de selectividad (inspección).
El funcionario también señaló que existen «intrusiones fraudulentas» por parte de delincuentes acceden a Lucía para cambiar la selectividad de la mercancía.
Para solucionar esta problemática, el director de la DIAN indicó que ya está en marcha un proyecto para transformar el sistema que requiere una inversión de US$250 millones, de los cuales se han ejecutado US$99 millones.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, subrayó que el contrabando, la evasión y la elusión actúan como «frenos al desarrollo económico».
El titular de la cartera reconoció que el crecimiento de los ingresos tributarios ha sido «inferior a las metas» trazadas, lo cual está ligado de manera «importante y representativa» con el fenómeno del contrabando y la intervención sobre la estructura de control de la DIAN.
Luego insistió en que el cumplimiento de los proyectos sociales y la inversión del Gobierno dependen directamente de los ingresos tributarios.
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