El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una de sus batallas más duras en el Congreso: la aprobación de la reforma tributaria, que será clave para cubrir el faltante de $26,3 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2026.
La discusión no será solo técnica; será, sobre todo, política. Y todo comienza en las comisiones económicas, donde se define la suerte de la iniciativa.
La firma de relacionamiento estratégico Orza analizó el margen de maniobra que tendrá el gobierno Petro en las comisiones económicas —las Terceras y Cuartas de Senado y Cámara—, encargadas de discutir los asuntos fiscales, tributarios y presupuestales.
Senado: un muro de contención
En la Comisión Tercera del Senado, el panorama es abiertamente hostil. Es presidida por Jairo Castellanos (Alianza Verde), quien desde su posesión advirtió que daría “cristiana sepultura” a la reforma, esta célula legislativa parece sellar de antemano el destino del proyecto.
De los 17 integrantes, al menos 12 ya anunciaron que votarán en contra, incluidos pesos pesados del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y sectores del liberalismo. Nombres como Ciro Ramírez, Antonio Zabaraín, Efraín Cepeda y Juan Carlos Garcés encabezan la resistencia.
No obstante, figuras como Carolina Espitia, Julio Cesar Estrada, Imelda Daza y Sonia Bernal acompañarían la iniciativa de Petro.
La Comisión Cuarta del Senado tampoco ofrece un respiro. Las cuentas preliminares muestran que siete de los quince miembros se inclinan por hundir la propuesta. El presidente de la comisión, Enrique Cabrales (Centro Democrático), es uno de los opositores más férreos, y ha acusado al Ejecutivo de presentar un presupuesto “sin soporte financiero” que trasladará el costo a los contribuyentes.
Entre quienes han manifestado reparos o un “no” claro están Angélica Lozano, Carlos Abraham Jiménez, Carlos Mario Farelo, Carlos Meisel y el propio Cabrales, Juan Felipe Lemos, Juan Sammy Merheg; mientras que Paulino Riascos y Richard Fuelantala también podrían sumarse a este bloque mayoritario. En dicha célula el gobierno contará con un voto seguro de la senadora Aida Avella, otros senadores que podrían contribuir a las cuentas del Gobierno son: Richard Fuelantala, Paulino Riascos y Laura Fortich.
Cámara: oxígeno para el Gobierno
El escenario cambia en la Cámara de Representantes, donde el Pacto Histórico y sus aliados cuentan con terreno más favorable. En la Comisión Tercera, con 33 integrantes, el Gobierno asegura al menos 20 votos gracias al respaldo de liberales, sectores de la Alianza Verde y los representantes de las curules de paz.
Los representantes como Gilberto Betancourt y Julián Peinado están en el campo de lo indefinido.
Sin embargo, la presencia de voces críticas como Katherine Miranda introduce un factor de incertidumbre: aunque es del Verde, se ha convertido en una de las más duras opositoras del presidente, a quien acusó de “mentiroso” por incumplir promesas de campaña.
En la Comisión Cuarta de la Cámara, liderada por Liliana Rodríguez (Alianza Verde), el Gobierno cuenta con una presidencia aliada. La relevancia de esta comisión es aún mayor porque el presidente de la Cuarta Cámara es quien modera las sesiones de las comisiones económicas conjuntas cuando se abre el debate del presupuesto, un rol determinante para la definición de la agenda fiscal.
Allí los números lucen más equilibrados: de los 29 miembros, 9 respaldarían la iniciativa, mientras que 10 se mantienen en la oposición, los otros aun no tienen una posición definida. El bloque oficialista se compone principalmente de liberales, representantes de Comunes y el Pacto Histórico, mientras que Cambio Radical, el Centro Democrático y parte del conservatismo mantienen su negativa.
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El pulso que definirá el año fiscal
La fotografía general anticipa un escenario fragmentado: Senado en contra, Cámara a favor. Esto obliga al Gobierno a desplegar toda su capacidad de negociación para no repetir el trauma de 2024, cuando el presupuesto se aprobó por decreto tras el hundimiento de la reforma. La diferencia ahora es que el tiempo electoral de 2026 presiona aún más: pocos congresistas quieren cargar con el costo político de votar impuestos en la antesala de sus campañas.
En últimas, lo que ocurra en las comisiones no será solo un trámite legislativo, sino un examen de la gobernabilidad del último año de Petro. Un pulso en el que se juega, al mismo tiempo, la estabilidad fiscal y la proyección política del Ejecutivo.
