El martes pasado, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso de la República su proyecto de ley para el Presupuesto de 2026, el cual puso en duda las intenciones del Gobierno de hacer un esfuerzo fiscal que permita sanear el déficit que se viene acumulando.
Por un lado, el Gobierno espera contar el próximo año con un monto de $556,9 billones que es 6,5 % superior al de 2025 ($523 billones), a pesar de que propuso en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que la base presupuestal no debía crecer más allá la inflación esperada para este año (4,5 %).
Proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2026 aquí.
Solo una semana atrás, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó en un Consejo de ministros una propuesta de Presupuesto para 2026 por $551,6 billones, lo que significa que en la nueva versión se adicionaron $5,3 billones, después de que el presidente Gustavo Petro pidiera ajustes para que el gasto social pudiera crecer.
Por otro lado, el mayor incremento se hizo en el gasto primario, es decir, el que suma funcionamiento e inversión y excluye el pago de intereses de deuda. Esta cifra sería de $396,8 billones en 2026, $18,2 billones por encima de lo estimado hace menos de dos meses en el MFMP y $43,7 billones más alta que la de 2025.
Así, el crecimiento del gasto primario para el próximo año (12,4 %) también es superior a la inflación pronosticada, lo cual, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), contraviene el compromiso del Gobierno de presentar un presupuesto austero y lleva el déficit primario —diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo el gasto en intereses— a un 2 % del PIB.
Para Alejandro Espitia, economista y profesor de la Universidad Javeriana, los indicadores primarios son importantes para analizar la sostenibilidad fiscal de los países porque permiten evaluar la capacidad de un gobierno para cubrir sus costos de funcionamiento con los ingresos sin depender exclusivamente del endeudamiento, lo cual se volvería insostenible en el largo plazo.
La dependencia del gasto público
El Ministerio de Hacienda defendió su estrategia en un comunicado sobre el Presupuesto de 2026, afirmando que una reducción abrupta del gasto público podría precipitar una contracción económica significativa, con graves consecuencias sobre el empleo, la inversión y la calidad de vida de los colombianos.
En efecto, la economía colombiana tiene una dependencia significativa del gasto público, que representa el 29 % del PIB este 2025 y ha venido en crecimiento en los últimos años. Sin embargo, de acuerdo con Espitia, entre más pronto se haga el ajuste, menor y más manejable será su magnitud; también cree que esta no es una razón para posponerlo.
El exviceministro de Hacienda y jefe de estrategia macro para América Latina de XP Investments, Andrés Pardo, aseguró que el Gobierno no ha mostrado un esfuerzo importante por hacer ajustes fiscales incluso si son dolorosos. «Hay áreas donde se podría hacer algo al respecto sin que necesariamente implique estrangular la economía. Entre más esfuerzo fiscal haga el Gobierno la economía, en alguna medida, se puede resentir; pero tampoco es gastar a borbotones, algo se puede recortar», señaló.
Para el experto, aunque el problema fiscal no es nuevo, “es muy preocupante” por el hecho de que las cifras del MFMP, que ya eran negativas en relación las del Plan Financiero de febrero y se presentaron como un sinceramiento de las cuentas, se cambiaron después de mes y medio. “Me parece una irresponsabilidad, un paso hacia atrás”, señaló.
En ello coincidió el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien advirtió que el proyecto de ley de Presupuesto para 2026 repite los mismos errores del año pasado y señaló que las cifras dejan ver una ausencia de un esfuerzo por iniciar un ajuste serio del gasto público.
Aun así, el Gobierno ha insistido en que viene dando un manejo responsable a las cuentas fiscales. De hecho, el MinHacienda señaló en un comunicado que el Presupuesto de 2026 es producto de “una estrategia de consolidación fiscal con visión de desarrollo, donde la eficiencia del gasto y la priorización de la inversión se convierten en pilares fundamentales para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país».
En las manos de una reforma tributaria
Los analistas coinciden en que los cálculos del Gobierno ponen en riesgo el balance entre ingresos y gastos, pues proyectan un gasto billonario soportado en el recaudo de una reforma tributaria que debería generar un ingreso adicional de $26,3 billones —cifra que también crece cada semana—. Sobre esta propuesta, sin conocerse un borrador, ya hay profundas críticas.
“Podríamos ver un déficit fiscal más elevado, parecido al de la pandemia (7,7 %), porque estamos poniéndole mucho peso a que la reforma tributaria logre conseguir más de $20 billones en un año preelectoral y cuando el promedio de las tributarias del país ha sido de entre $10 billones y $15 billones. Eso acentúa las preocupaciones en el corto plazo”, dijo David Cubides, director de Investigaciones Económicas del Banco de Occidente.
Para Pardo, esto tiene un agravante y es que al final de un gobierno el capital político está agotado, sin mencionar que las dos reformas tributarias de la administración Petro coparon el espacio disponible para obtener mayor recaudo. “Lo que queda en este momento son medidas totalmente impopulares”, indicó.
El ministro de Hacienda dijo al respecto, en la rueda de prensa del Banco de la República, que el Congreso ha venido madurando en relación con la importancia y necesidad de la ley de financiamiento tras varias conversaciones con el Gobierno: «Siempre van a existir actores políticos, de la oposición recalcitrante, que se van a manifestar en contra, independientemente de los argumentos y planteamientos del Gobierno, por lo que no es extraño que tengan una opinión disonante. Pero hay que observar es a las mayorías».
Sin embargo, el funcionario no ha revelado cuál es el plan de respaldo del Gobierno en que caso de que no obtenga aprobación de la reforma tributaria. Sin embargo, en una carta enviada al Congreso, el presidente Gustavo Petro señaló que si esta ley no se aprueba o se avala parcialmente se realizarán las suspensiones de gasto a las que haya lugar, lo que implicaría aplazamientos o recortes.
Por lo pronto, lo que está claro es que un grupo de congresistas ya planea radicar una proposición para devolver el Presupuesto al Ministerio de Hacienda con el fin de que ajuste las cuentas, pues la Cámara de Representantes debe definir máximo el 15 de septiembre si aprueba el monto para iniciar con los debates en las comisiones económicas conjuntas antes del 25 de septiembre.
Si el 21 de octubre el Congreso no resuelve el futuro del Presupuesto de 2026, el Ejecutivo puede tomar la determinación de emitirlo vía decreto. “Fue lo que pasó el año pasado y creo que es lo que el Gobierno quiere en esta ocasión: quedar con las manos libres para contraer deuda sin límite”, dijo la senadora Angélica Lozano.
