La Procuraduría anunció la apertura de dos investigaciones contra la Alcaldía de Medellín; particularmente, contra funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones. El Ministerio Público tiene en la mira dos contratos firmados con la Universidad Nacional y el canal Telemedellín. Ambos contratos suman más de $27.000 millones.
En el caso del contrato con la Universidad Nacional, la Procuraduría inició la investigación contra la actual secretaria de Comunicaciones, Mónica María Orrego López; el exjefe de ese mismo despacho, Juan José Aux Trujillo, y el profesional universitario Juan Carlos Gómez Henao.
Por el segundo contrato, la Procuraduría investiga también a Aux y a Gómez. También a Clara Inés Izquierdo (quien fungió como secretaria encargada de Comunicaciones) y Víctor Manuel Quiroz, también profesional universitario de la secretaría.
Qué investigará la Procuraduría en la Alcaldía de Medellín
El contrato con la Universidad Nacional, por $9.000 millones, será investigado para esclarecer si se celebró con el fin de “favorecer intereses particulares”. De acuerdo con la Procuraduría, esos recursos se habrían destinado para apoyar las campañas de “algunos candidatos a la alcaldía y el concejo durante las elecciones del pasado 29 de octubre”.
Además, la Procuraduría quiere esclarecer si la Alcaldía de Medellín desconoció las modalidades de contratación previstas en la ley, al celebrar dicho acuerdo con la universidad de manera directa mediante un convenio administrativo.
Por último, en ese contrato, el Ministerio Público investigará si la Universidad Nacional tenía la capacidad para ejecutar el contrato. Esto, porque en lo que va de ejecución, la universidad ha suscrito más de 280 contratos de prestación de servicios. Uno de ellos, firmado con una “persona que aparecía como dueña de una página web que al parecer promocionaba la campaña de un candidato a la alcaldía”.
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Sobre el contrato con Telemedellín, este tuvo un valor superior a los $18.700 millones ($12.496 millones iniciales y una adición de $6.248 millones). El objeto de este era para pauta publicitarias y desarrollo de la estrategia de divulgación de resultados de la administración de Daniel Quintero.
Según la Procuraduría, hubo un desconocimiento de los principios de contratación estatal, al haberse celebrado bajo la modalidad de contratación directa y no con una licitación pública. Adicionalmente, a juicio de la entidad, el canal no tendría la capacidad para ejecutar el objeto, toda vez que tercerizó parte de las actividades.
Las dos investigaciones a la Alcaldía de Medellín por parte de la Procuraduría se suman las imputaciones que anunció la Fiscalía la semana pasada a siete exfuncionarios. En ellas, el ente investigador también se refirió a irregularidades en contratos de distinta índole, como logística y mantenimiento de zonas verdes.
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