La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en un contrato por cerca de $10.000 millones suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro y su núcleo familiar, en un proceso relacionado con la Lista Clinton.
La decisión la tomó la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, que puso bajo la lupa el contrato de prestación de servicios No. 001 de 2026, firmado el 9 de enero de 2026 con la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited, mediante la modalidad de contratación directa, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril del mismo año.
La denuncia que activó el control disciplinario
La indagación se originó tras una denuncia pública de la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría revisar el contrato al advertir un posible uso indebido de recursos públicos para atender un asunto que, según su criterio, tendría un carácter personal y no institucional.
En su queja disciplinaria, la congresista cuestionó la finalidad del contrato y alertó sobre un eventual detrimento patrimonial, así como posibles vulneraciones a los principios de legalidad, planeación y transparencia que rigen la contratación estatal.
De confirmarse podría implicar que recursos del Presupuesto General de la Nación se destinaron a la defensa de intereses personales del jefe de Estado y su familia, y no a un interés general del Estado.
Cuestionamientos al diseño del contrato
En el auto de apertura de la indagación, la Procuraduría advierte varios elementos que justifican la actuación disciplinaria, entre ellos:
- La ausencia de resultados verificables, indicadores de impacto o entregables con efectos jurídicos concretos.
- Un esquema de pagos elevado y concentrado en un corto periodo, sin justificación técnica clara de urgencia.
- La no exigencia de garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía.
- Dudas sobre la necesidad de acudir a una firma extranjera, sin demostrar la imposibilidad de usar capacidades institucionales del Estado.
La indagación previa busca identificar o individualizar a los posibles responsables de una eventual falta disciplinaria y tendrá una duración inicial de seis meses, al término de los cuales el proceso podrá archivarse o dar paso a una investigación formal.
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