Un nuevo proyecto de decreto del Ministerio de Salud volvió a generar preocupación en el sector, al proponer cambios en la habilitación y operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mediante criterios territoriales.
La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud emitió una alerta nacional, advirtiendo que estas modificaciones podrían derivar en el traslado masivo de más de seis millones de afiliados entre EPS.
De acuerdo con la Mesa, la reorganización planteada pondría en riesgo la continuidad de tratamientos, especialmente en casos críticos como enfermedades crónicas, oncológicas y raras. También alertaron sobre nuevas presiones financieras para EPS e IPS, y sobre la posibilidad de que muchos usuarios terminen asumiendo costos de su propio bolsillo ante dificultades de acceso a servicios.
La controversia se da tras la publicación de actos administrativos del Ministerio de Salud en consulta pública, en los que se plantea expedir un decreto que modificaría estructuralmente el modelo de aseguramiento y establecería un proceso de habilitación basado en condiciones demográficas y geográficas.
Respuesta del Ministerio de Salud
Frente a las críticas, el Ministerio salió a defender el proyecto y aseguró que el decreto no ordena traslados automáticos ni indiscriminados de afiliados. Según la cartera, cualquier eventual reasignación se realizaría de manera gradual, con criterios técnicos y con medidas orientadas a proteger la continuidad del aseguramiento y la atención en salud.
El Ministerio explicó que el propósito central es garantizar el derecho fundamental a la salud, fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema y corregir fallas estructurales en la operación territorial del aseguramiento.
Entre los problemas identificados, mencionó la fragmentación excesiva de afiliados, la presencia marginal de múltiples EPS en territorios sin suficiente escala poblacional, la selección adversa geográfica y la pérdida de economías de escala necesarias para una adecuada gestión del riesgo.
Estas condiciones, según el Gobierno, afectan la eficiencia del sistema y comprometen la continuidad de la atención, especialmente en municipios rurales, de frontera o con limitaciones en la oferta de servicios.
Ordenamiento territorial del aseguramiento
El proyecto introduce un modelo de ordenamiento técnico basado en criterios como densidad poblacional, dispersión geográfica, capacidad operativa de las EPS, sostenibilidad financiera y articulación con las redes de prestación.
MinSalud insistió en que este enfoque no busca restringir la competencia, sino corregir fallas del mercado bajo un esquema de competencia regulada. Además, señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que las medidas persiguen fines legítimos de equidad territorial y protección de los usuarios.
El decreto también contempla reglas para preservar la continuidad de tratamientos, mantener la unidad familiar y evitar concentraciones desproporcionadas de población de alto costo.
Por ahora, el proyecto continúa en etapa de consulta pública, mientras usuarios y organizaciones del sector mantienen la alerta por el impacto que podría tener en millones de afiliados y en la estabilidad del sistema de salud.
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