El reciente borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio en el que se endurecen las medidas para el otorgamiento del Registro Nacional de Turismo (RNT) sigue generando opiniones divididas.
El presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), José Andrés Duarte, expuso que fortalecer el RNT “es esencial para avanzar hacia un turismo verdaderamente sostenible, competitivo y alineado con las necesidades de las comunidades y de los territorios”.
A su juicio, el proyecto plantea “un instrumento actualizado que contribuye a mejorar la verificación de la información, ordenar las dinámicas del alojamiento sin desconocer la ley de propiedad horizontal, los derechos de los residentes, la seguridad para las comunidades y los turistas”.
“La actualización del RNT que se expone en el decreto, no implica prohibir la actividad turística, ni mucho menos la operación de alguna plataforma de distribución digital. Bienvenidas siempre hemos dicho todas, reconocemos su valor e importancia, cumpliendo y aportando cumplimientos de las normas existentes”, agregó.
Aunque no hay una cuantificación estipulada del número de apartamentos utilizados para plataformas en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sí tiene mapeados los establecimientos considerados dentro de su Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA), que en la medición de septiembre mostró una caída de 5,3 % de los ingresos de esta industria.
En el estudio de la autoridad estadística se consideran formales -con NIT y registro mercantil- a las actividades bajo los códigos CIUU 5511 (Alojamiento en hoteles), 5512 (Alojamiento en aparta-hoteles), 5513 (Alojamiento en centros vacacionales), 5514 (Alojamiento rural), 5519 (Otros tipos de alojamiento para visitantes hostales) y 5520 (Actividades de zona de camping y parques para vehículos recreacionales).
Paula Cortés, la presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) viene manifestando los últimos días que hay diferentes interpretaciones erróneas del proyecto.
“Lo que pedimos es que el RNT sea interoperable. El proyecto de decreto no cambia nada de lo que ya está. Creo que la preocupación está en los apartamentos que no quieren sacar RNT para tener la actividad legal. Y hoy en día plataformas como Airbnb tienen RNT en Colombia, entonces el cuento no es que se vayan a ir”, afirmó.
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La dirigente gremial insiste en que lo que el sector ha venido pidiendo es la formalización. “Tenemos una informalidad muy grande que se ha venido agrandando después de pandemia y es muy importante -teniendo en cuenta el auge del turismo nacional e internacional- ser responsables con los viajeros”.
De hecho, hizo énfasis en que en las agencias “trabajamos con las plataformas que tienen RNT. Mis agencias de viaje online también tienen que cumplir con lo mismo, no pueden avalar a un prestador que no tenga el registro”.
¿Qué piensan las plataformas?
Aunque ninguna empresa a nombre propio ha salido a dar declaraciones, la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga) advierte sobre el impacto de lo que denomina “el decretazo navideño” que está anunciando el Gobierno Nacional.
El gremio menciona que el ‘decretazo’ confluye en los proyectos de modificación de los Decretos 1074 y 1072 de 2015, relacionados con el Registro Nacional de Turismo y la capacidad de declarar ilegales los contratos de tercerización.
“Para el primer caso, el proyecto generaría un impacto profundo sobre miles de prestadores de servicios turísticos -especialmente los más pequeños- y transformará de manera sustancial el funcionamiento del RNT”, comentó a través de un comunicado.
De acuerdo con un reciente estudio de Airbnb, durante 2024 la actividad de anfitriones y huéspedes generó en Colombia un impacto económico estimado en más de $10,6 billones.
De este dato de contribución, los ingresos de la comunidad de anfitriones representaron $1,6 billones, mientras el gasto total que los viajeros destinaron a la compra de productos o servicios en comercios locales ascendió a más de $9 billones.
Sobre el proyecto, contrario a lo que manifiestan desde el Ministerio y gremios como Anato y Cotelco, Acoga expone que a pesar de la magnitud de estos cambios, “no se realizaron mesas técnicas ni procesos de socialización sectorial que permitieran anticipar los efectos operativos, económicos y territoriales que su entrada en vigor inmediata puede generar”.
“Observamos el drástico paso de las gestiones del RNT basado en declaraciones bajo gravedad de juramento a soportes y verificaciones que transforman un trámite accesible a uno de proceso complejo, eliminando la posibilidad de que un prestador pequeño sea considerado no comerciante”, insiste la Asociación.
Y es que dice el nuevo “decreto aumenta la burocracia y tramitología, haciendo más dispendioso los trámites y colapsando a las autoridades e institucional encargada de estos procesos o verificaciones”.
