La Cámara de Representantes designó recientemente a los ponentes y coordinadores ponentes al frente de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno. Un sondeo de Valora Analitik concluyó que la propuesta no goza de respaldo mayoritario.
En total, 27 representantes de las comisiones Tercera y Cuarta serán los encargados de analizar el articulado radicado por el Ministerio de Hacienda el 1 de septiembre y preparar un informe que exponga la conveniencia de aprobarlo como ley.
Los ponentes y coordinadores de la Cámara de Representantes son en su mayoría de los partidos Verde (5 miembros), Liberal (4 miembros) y Pacto Histórico (4 miembros). Por su parte, los partidos Cambio Radical, La U y Conservador tienen cada uno tres miembros entre los representantes seleccionados.
Algunos partidos, como Cambio Radical, han señalado como bancada que no respaldan el proyecto de ley de financiamiento, a pesar de que el monto de recaudo estimado se ajustó a la baja, por considerar que “el país no necesita más impuestos ni promesas vacías” y bajo el argumento de que el desbalance de las cuentas públicas debe corregirse vía recorte de gastos.
Del mismo modo, el Partido Liberal en una reunión interna decidió que de manera unificada rechazarían la imposición de más impuestos y sus directivos les encargaron a los demás miembros no permitir que el Gobierno grave a los colombianos.
Voceros del Centro Democrático también desestimaron que la propuesta de reforma tributaria concluya su paso por el Legislativo con éxito, pues, aunque el país “sí requiere una reforma tributaria estructural, no es esta que afecta a la clase media y de a pie”, según el representante por Antioquia, Óscar Darío Pérez.
Otros congresistas, como Hernando Guida Ponce, del Partido de la U, incluso señalaron la inconveniencia de artículos específicos, como los que le apuntan a que más personas declaren renta, gravan las actividades extractivas, encarecen los vehículos híbridos o buscan que la sobretasa a los bancos sea mayor a la actual; también lamentó las escasas rebajas a los deudores.
Por su parte, miembros del Partido Verde manifestaron que priorizarán la discusión del proyecto de ley de reactivación económica, que se radicó en julio y propone alivios tributarios, descuentos en sanciones e intereses y facilidades para quienes tienen deudas con la DIAN y otras entidades con el fin de impulsar la economía, fortalecer sectores estratégicos, estimular la inversión y preservar el rigor fiscal.
La representante a la Cámara por Bogotá, Olga Lucía Velásquez, fue enfática en que la propuesta mencionada tiene más opciones que la reforma tributaria porque “trae beneficios tributarios y menor afectación a los contribuyentes”.
Además, advirtió que, aunque ya se nombraron ponentes y coordinadores, los tiempos están muy ajustados, considerando que las comisiones solo están sesionando los martes. En ello coincidió la representante Katherine Miranda, al asegurar que no hay ambiente político.
Dado que los congresistas seleccionados tienen un plazo máximo de 15 días calendario para presentar el informe con el que se iniciarán los debates y las votaciones, la discusión de la reforma tributaria en el Congreso de la República podría iniciar las próximas semanas. Si la ponencia se entrega sobre la fecha máxima, se citaría para la semana del 18 de noviembre.
De ser así, el Congreso solo tendría cinco semanas de sesiones ordinarias hasta el 16 de diciembre para que se lleven a cabo los cuatro debates de una ley como la que modificaría el estatuto tributario o un par de semanas adicionales si se aprueban las sesiones extraordinarias, sin mencionar el tiempo que toma la sanción presidencial.
El proceso podría retomarse a mediados de febrero de 2026 en el segundo periodo de la legislatura que acaba el 20 de julio, pero esto implicaría que entre en vigencia hasta 2027, es decir, este gobierno no vería aumentados sus ingresos por esta vía más allá de los impuestos que se modifican de manera inmediata, como el IVA.
Pulso político en contra de la tributaria
La conformación del equipo de trabajo de ponentes y coordinadores es también un termómetro político, pues de su capacidad de negociación dependerá en gran medida qué elementos del proyecto se mantienen, cuáles se modifican y cuáles son eliminados del texto final.
El Ministerio de Hacienda señaló recientemente que el Gobierno buscará consenso con los representantes sobre ajuste de los $10 billones en los que fue necesario reducir el estimado de recaudo de la ley de financiamiento luego de que el Congreso aprobara un presupuesto menor en dicho monto para 2026 ($546,9 billones).
Esto significa que el Gobierno no radicará un nuevo texto, sino que se harán modificaciones sobre la versión presentada el 1 de septiembre por $26,3 billones para llevarla a $16,3 billones. El presidente Gustavo Petro anticipó hace unas semanas que se descartarían, por ejemplo, el aumento de impuestos a la gasolina y la cerveza.
La semana pasada, el ministro (e) de Hacienda, Carlos Betancourt, aseguró que no han considerado un plan B en recortes de gasto en caso de que no se apruebe la ley de financiamiento de $16,3 billones, dado que la “apuesta decidida” del Gobierno es lograr aval del Congreso porque estos recursos son cruciales para el cierre de la financiación del presupuesto.
El funcionario dijo que están convencidos de que lograrán los consensos necesarios para tener éxito porque los recursos son necesarios para lograr un ajuste fiscal y mantener la inversión pública, además para cumplir el compromiso de retornar a la senda de la Regla Fiscal.
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