La Corte Constitucional dio el reparto del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica para atender los efectos de la severa ola invernal registrada en las últimas semanas.
La revisión constitucional estará a cargo del magistrado Miguel Polo Rosero, quien actuará como ponente del control automático que debe ejercer la Corte sobre este tipo de decretos de excepción.
Cabe mencionar que la emergencia – de ser aceptada – regirá por un término de 30 días en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones afectadas por inundaciones, daños en infraestructura, pérdida de viviendas y afectaciones en salud.
Según el documento, el Ejecutivo justificó la medida en la magnitud del fenómeno hidrometeorológico, que dejó miles de familias damnificadas, viviendas destruidas y daños sobre vías, puentes, acueductos y centros comunitarios.
¿Un magistrado con vínculos en el entorno del Gobierno?
La designación de Polo Rosero como ponente no es menor porque definiría el rumbo del objetivo del Gobierno, dado que su trayectoria ha sido leída en sectores del Congreso y de la opinión pública como cercana al presidente Gustavo Petro.
Polo trabajó durante años dentro de la Corte Constitucional como abogado sustanciador, oficial judicial y magistrado auxiliar. Uno de los puntos más relevantes es que pasó por el despacho de Vladimir Fernández Andrade, exsecretario jurídico de la Presidencia de Petro y magistrado ternado por el propio mandatario.
Incluso fue magistrado encargado mientras Fernández asumía como titular, un hecho que alimentó la percepción de afinidad con el actual Gobierno. Polo, quien fue ternado por el Consejo de Estado, alcanzó 57 votos de los 104 depositados en la urna, superando por diez sufragios a su más firme competidora, la jurista Claudia Dangón Gibson, quien contabilizó el apoyo de 47 senadores.
Además, el presidente Petro celebró públicamente su elección como “un gran triunfo”, y Polo fue visto como el candidato con el apoyo del Pacto Histórico y del entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Sin embargo, el propio magistrado ha intentado desligarse de una militancia política directa. Ha recordado que su carrera también incluye asesorías en el Senado a figuras como Germán Vargas Lleras y Rodrigo Lara, así como un paso por la Defensoría del Pueblo durante el gobierno Santos.
Pero ahora el control constitucional del Decreto 0150 será determinante para el Gobierno, pues de su validez depende la posibilidad de expedir decretos legislativos con fuerza de ley para atender la crisis y movilizar recursos extraordinarios.
