Esto pasó la única que vez que la justicia tumbó el decreto del salario mínimo en Colombia

La justicia estudia lo que puede pasar con el aumento del salario mínimo en Colombia decretado por el gobierno Petro.

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La justicia, en representación del Consejo de Estado, deberá definir el futuro del salario mínimo en Colombia decretado por el gobierno del presidente Petro, con un aumento del 23 % para este año.

Según la decisión, fijar el aumento con base en las expectativas del salario vital tiene en cuenta una mejora considerable de las necesidades básicas de los hogares.

Mesa de negociación del salario mínimo del 2026
Mesa de concertación del salario mínimo. Imagen: Prensa MinTrabajo

Sin embargo, futuro del salario mínimo en Colombia está en manos del Consejo de Estado y ya hay un precedente que podría entregar pistas de lo que pasará en las próximas semanas.

En 2016, el decreto de aumento del salario mínimo del 7 %, que ordenó el gobierno de Juan Manuel Santos, fue demandado, a diferencia del decreto 2025, sobre la base de que el ajuste de ese momento fue menor al requerido.

Salario mínimo y auxilio de transporte
. Foto: ©Andrzej Rostek de Getty Images a través de Canva.com

El precedente para tumbar el decreto del salario mínimo en Colombia

Para ese momento, el Consejo de Estado decidió “tumbar” la decisión aduciendo que no se explicaron las argumentaciones técnicas necesarias para poder establecer que ese debía ser el ajuste.

Sin embargo, la decisión de ese momento de la justicia solo tuvo efectos con miras a sentar precedente, toda vez que, por haberse emitido la decisión casi un año después, no se hicieron modificaciones o recomendaciones sobre cuál debía ser el aumento.

Según el Consejo de Estado, no estaban las condiciones dadas para hacer pagos retroactivos o sentarse a generar un nuevo espacio de negociación para definir el incremento del salario mínimo en Colombia.

salario mínimo
Trabajadores colombianos. Imagen: Cortesía del Ministerio del Trabajo

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Desde ese pronunciamiento, el Consejo de Estado obligó a los gobiernos de turno a generar una argumentación técnica para definir cualquier incremento en el pago de los trabajadores.