La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encontró material probatorio que demostraría que dos compañías de construcción, así como personas naturales vinculadas a ellas, habrían trasgredido el régimen de libre competencia económica en materia de contratación estatal.
De acuerdo con la entidad, estas dos empresas habrían aparentado ser agentes del mercado independientes en los procesos de contratación de obras de infraestructura en los que participaban, cuando en realidad podrían estar actuando de manera coordinada.
La conducta investigada habría llevado a que Mamut Acero y Concreto S.A.S. y Uniobras del Oriente S.A.S. “aumentaran de manera injustificada su probabilidad de resultar adjudicatarios, en detrimento de sus reales competidores”, de acuerdo con un comunicado de la SIC.
Esto habría provocado, como consecuencia, la disminución de manera ilegítima de las probabilidades de los demás participantes de ser adjudicatarios en los procesos.
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Hallazgos de la SIC en este caso
De acuerdo con la superIndustria, su Delegatura para la Protección de la Competencia determinó que en este caso se habría materializado un posible control competitivo oculto o una eventual colusión de estos agentes.
Adicionalmente, se estableció de manera preliminar que Uniobras y Mamut coincidieron en por lo menos 151 procesos de selección adelantados por diferentes entidades del Estado, en el periodo comprendido entre 2021 y 2024.
De estos, en al menos 13 procesos, los agentes de mercado investigados se habrían comportado de manera coordinada y colaborativa, simulando ser independientes ante las entidades contratantes.
Esta estrategia estuvo dirigida a intentar obtener el mayor puntaje posible dentro de tres de los cuatro posibles métodos de calificación (media geométrica, media aritmética baja y menor valor).
De otra parte, en la fase preliminar se pudo determinar la posible presencia de ocultamiento de información por las empresas, “lo cual habría afectado la confianza en los sistemas de información pública esenciales para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en los procesos de contratación estatal”, añade el comunicado.
De acuerdo con la entidad, esta información terminaba siendo reportada de manera errónea en las Cámaras de Comercio, en sus páginas web y en los procesos de selección en los que se presentaban como proponentes, afectando la fiabilidad de estos datos.
