Las empresas y los propietarios de vehículos vinculados a la prestación del servicio público de transporte deben estar atentos a las disposiciones de la Superintendencia de Transporte. Cumplir con las normas sobre operación, atención a los pasajeros y condiciones del servicio es fundamental para evitar requerimientos de la autoridad y posibles sanciones.
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En ese escenario, una de las exigencias que había generado inquietud en el sector tenía una fecha límite cada vez más cercana: debía cumplirse antes de terminar diciembre de 2026 e implicaba hacer adecuaciones en diferentes vehículos y espacios de atención al usuario. Para los operadores con flotas numerosas, la medida también podía representar gastos de instalación, mantenimiento y reposición.
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Sin embargo, la Superintendencia tomó una decisión que modificó ese panorama. Mediante una nueva resolución, la entidad dejó sin efecto la disposición que establecía esa obligación, antes de que comenzara a ser exigible para las empresas vigiladas.
La decisión quedó consignada en la Resolución 13057 del 12 de noviembre de 2026 y tiene efectos sobre los requisitos tecnológicos que se habían fijado para distintas modalidades del transporte público en Colombia.
¿Cuál era la exigencia de la Superintendencia de Transporte que debía cumplirse antes de terminar 2026?
La obligación estaba relacionada con la instalación de adhesivos con códigos QR para facilitar que los pasajeros accedieran a la aplicación web oficial de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) de la Superintendencia de Transporte.
La medida había sido establecida mediante la Resolución 009788 del 3 de agosto de 2026, que adicionó un artículo a la Circular Única de Infraestructura y Transporte. El plazo fijado para implementar los distintivos era el 31 de diciembre de ese año.

La disposición no se limitaba a los buses de servicio público terrestre. También contemplaba vehículos de transporte aéreo, fluvial, marítimo y férreo, además de terminales de pasajeros, estaciones y casetas de peaje de las concesiones, zonas de embarque, taquillas, pantallas y otros lugares de atención al usuario.
En el caso de los vehículos, la resolución incluía la instalación de adhesivos en el espaldar de las sillas de aeronaves y de vehículos fluviales, marítimos y férreos. El objetivo era que los pasajeros pudieran escanear el código desde sus celulares y llegar directamente a los canales de atención de la entidad.
Para las empresas, cumplir con la disposición suponía organizar la instalación de los distintivos en los espacios y unidades correspondientes, así como prever su mantenimiento y reposición. Esa carga podía variar considerablemente según el tamaño de la flota y la capacidad operativa de cada compañía.
La revocatoria se produjo después de que la entidad revisara los aspectos jurídicos y técnicos de la medida y recibiera observaciones de empresarios, transportadores y ciudadanos.
En la Resolución 13057, la Superintendencia señaló que no encontró evidencia suficiente para demostrar que la instalación de los adhesivos con códigos QR estuviera respaldada por criterios relacionados con el comportamiento de los usuarios, la accesibilidad, la usabilidad o la experiencia del servicio.
El acto administrativo también cuestionó que no se hubieran evaluado suficientemente las condiciones tecnológicas necesarias para implementar la herramienta ni las alternativas para las personas que tienen dificultades para utilizar recursos digitales.
Uno de los argumentos centrales estuvo relacionado con los costos que debía asumir cada operador. La entidad advirtió que la obligación se había establecido de manera uniforme, sin diferenciar el tamaño de las flotas, la capacidad operativa o la situación económica de las empresas.
Al respecto, la resolución indicó que los costos de instalación, mantenimiento y reposición de los adhesivos podían tener efectos distintos sobre los sujetos obligados. También advirtió que las cargas podían resultar excesivas para operadores con flotas numerosas o para empresas de menor dimensión, cuya capacidad económica y operativa es diferente.
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La Superintendencia afirmó que tampoco encontró evaluaciones sobre la existencia de medidas alternativas menos costosas que permitieran alcanzar el propósito de facilitar el acceso de los usuarios a los canales institucionales.
Otro aspecto determinante fue la revisión del procedimiento mediante el cual se había expedido la disposición original. La Superintendencia encontró que no había evidencia de que el proyecto regulatorio hubiera sido sometido previamente a consulta pública ni de que se hubieran elaborado y divulgado los documentos técnicos que debían respaldar la decisión.
La entidad recordó que el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 establece el deber de publicar los proyectos específicos de regulación y la información que los fundamenta, con el propósito de recibir opiniones, sugerencias y propuestas alternativas de los interesados.
La resolución también citó el Decreto 385 de 2026, que regula los mecanismos de consulta pública y participación ciudadana en la producción normativa. De acuerdo con las disposiciones mencionadas en el acto administrativo, las entidades deben publicar los proyectos regulatorios y elaborar un informe que incluya las observaciones recibidas y las respuestas correspondientes.
En su revisión, la Superintendencia señaló que no encontró documentación que permitiera confirmar que ese procedimiento se hubiera cumplido. Además, indicó que tampoco halló estudios técnicos, operativos o regulatorios que sustentaran de manera objetiva las medidas impuestas.
Por esa razón, el acto administrativo concluyó que la resolución original “carece de debida motivación”, al considerar que no contaba con los soportes técnicos y fácticos necesarios para justificar las obligaciones.
¿Qué cambia para las empresas y los vehículos de transporte público?
El cambio es directo para los operadores vigilados: ya no tendrán que instalar los códigos QR contemplados en la Resolución 009788 de 2026. El artículo primero de la Resolución 13057 revocó directamente y en su totalidad la disposición anterior. A su vez, el artículo segundo establece que, como consecuencia de esa decisión, cesan sus efectos jurídicos y deja de producir efectos la adición que se había incorporado a la Circular Única de Infraestructura y Transporte.
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La Superintendencia también explicó que la decisión se tomó antes de que la implementación fuera exigible. Por ello, las empresas vigiladas no deberán adelantar acciones para instalar los distintivos en sus vehículos.



