El presidente de la República, Gustavo Petro, incrementó el salario mínimo en 23 %, cifra que estuvo por fuera de todas las proyecciones iniciales, las cuales indicaban que el margen máximo sería de 12 %.
En ese contexto, J.P.Morgan reiteró que el incremento anunciado estuvo por fuera de todas las expectativas, incluso en los escenarios más “negativos”. La entidad señaló que esta decisión intensificará las presiones al alza sobre la inflación y estimó que adicionará cerca de 140 puntos básicos a las proyecciones inflacionarias para 2026, apuntando a que este indicador se ubique en 6,1 % interanual para diciembre de ese año.
Asimismo, proyectó tres alzas consecutivas de 50 puntos básicos en las tasas de interés hasta abril de 2026, a lo que le seguirían dos incrementos de 25 puntos básicos en junio y julio. Con lo cual, las intenciones del gobierno de que un aumento en el salario mínimo impulse la demanda se verían contrarrestadas por una política monetaria más restrictiva. En línea con este diagnóstico, firmas analistas como Credicorp proyectaron que las tasas volverían a 11 % en 2026, nivel similar al de abril y junio de 2024.
Luego, la firma mencionó que el alza del mínimo generará un efecto inflacionario y también estimó que para diciembre de 2026 este indicador macroeconómico se ubicaría cerca de 6 %, dato superior en cerca de 1 % frente al piso que ha tenido la inflación en algunos lapsos de 2025 (5 %). Antes del decreto del mínimo, algunas previsiones ubicaron la inflación en márgenes de 4,8 % en 2026.
Lo anterior significa que disminuirá la capacidad adquisitiva de las personas, ya que los bienes y servicios del mercado costarán más. Este escenario también ocasionaría que no solo no exista la posibilidad de una reducción en la tasa de interés, sino que, por el contrario, haya un aumento de esta, que actualmente se mantiene en 9,25 %.
De esta manera, el Banco de la República elevaría sus tasas hasta alcanzar márgenes de 11 % y las mantendría hasta el cierre de 2026, con el objetivo de mantener controlada la inflación, y eventualmente, converger a la meta de que el indicador se ubique en un margen de 3 %, como lo ha manifestado la entidad en anteriores ocasiones.
Otras razones por las que habría aumento en las tasas de interés
La mayoría de los codirectores del Banco de la República afirmaron que era necesaria una política monetaria prudente, es decir, con una tendencia a no disminuir las tasas, con la finalidad de mantener controlados los riesgos inflacionarios. Otros miembros manifestaron su preocupación por una política fiscal expansiva, la cual ha conducido a un incremento en la demanda interna, es decir, una política presupuestal en la que el gobierno está gastando más.
Pero más allá de la inflación y del no recorte de las tasas, Credicorp determinó que un aumento acumulado de 33 % en el salario mínimo en los últimos cinco años conduciría a un alza de la informalidad laboral, así como a la “destrucción de empleos” y a la tecnificación de operaciones con la finalidad de reducir costos.
También indicó que el alza decretada implicaría un gasto fiscal adicional de 0,4 % del PIB en 2026, con lo cual habría más presiones para que el déficit fiscal, que se proyectaba en 7 % del PIB para ese año, aumente. Las proyecciones para 2027 son similares.
Otras firmas analistas como XP Investment señalaron que, en el sector público, la mayoría de los trabajadores no devenga un salario mínimo y que sus remuneraciones se negocian de manera independiente entre el Gobierno y los sindicatos.
Sin embargo, esta firma advirtió que un aumento elevado del salario mínimo sí genera presiones fiscales indirectas, debido a que una parte significativa del gasto público, en especial pensiones y transferencias, está indexada a este indicador. En ese sentido, XP estimó que por cada punto porcentual adicional en que el incremento del salario mínimo supere los ajustes de la nómina pública, los costos fiscales netos aumentarían en cerca de $0,3 billones.
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Bajo este marco, el alza decretada implicaría una presión adicional cercana a $5 billones, equivalente a alrededor de 0,3 % del PIB, impacto que estaría explicado principalmente por el funcionamiento del sistema público de reparto en el régimen pensional.
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