Los principales directores de firmas encuestadoras que operan en Colombia se reunieron para discutir los efectos de la nueva Ley de Encuestas, en un foro del proyecto Paz Electoral de Cambio.
La conclusión fue casi unánime: la norma, diseñada para regular la publicación de sondeos en procesos electorales, no logró su objetivo y creó vacíos que hoy generan desinformación.
“Todo salió mal”: Datexco
César Valderrama, director general de Datexco, fue uno de los más críticos. Señaló que el espíritu de la ley era positivo —“querían evitar el ruido”—, pero su implementación terminó generando el resultado contrario.
“La intención era buena, pero todo salió mal. Querían evitar el ruido de las encuestas y no lo resolvieron. Dejaron un vacío gigantesco”, afirmó Valderrama, quien agregó que “lo primero que tenía que hacer la comisión que nació de la ley fue habernos llamado”.
El director de Datexco sostuvo que la regulación no permite desarrollar metodologías distintas, sanciona incluso encuestas bien hechas y llenó los vacíos con rumores y expectativas irreales:
“No importa qué tan bien esté hecha una encuesta, puede terminar sancionada. Es un campo minado. Desde la estadística la ley presenta limitaciones, vacíos y ambigüedades. El problema son las expectativas: las encuestas muestran lo que pasa, pero la gente espera que sean idénticas”.
Centro Nacional de Consultoría: encuestas más costosas y expectativas imposibles
Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría (CNC), advirtió que la ley elevó los costos sin generar beneficios para el electorado:
“Las encuestas están siendo más costosas. Hemos seguido vendiendo encuestas, puede ser bueno financieramente pero no a largo plazo”.
Lemoine insistió en que en Colombia existen expectativas sobre las encuestas presidenciales que no se pueden cumplir, pues el propósito no es predecir sino informar:
“La gente lo que necesita es información para tomar decisiones”, explicó.
Invamer: “Una de las peores leyes”
Martín Orozco, de Invamer, fue tajante al calificar la norma: “Es de las leyes más malas que han salido, porque unas personas que no saben de estadística se pusieron a diseñarla. Debieron llamar a las encuestadoras a participar del debate”.
A su juicio, la regulación es innecesaria y termina generando desinformación.
Víctor Muñoz de Guarumo consideró que la ley pudo haber sido bien intencionada, pero excluyó a las firmas especializadas del proceso, lo que dejó vacíos jurídicos y una consecuencia visible: “Hoy se publican menos encuestas y se ven muchas fake news en redes. Es una deformación de lo que debería ser una información electoral”.
Muñoz advirtió además que la sobre-regulación busca estandarizar, pero dicho enfoque es perjudicial para la estadística: “Faltaba hacer ajustes a las resoluciones de 1997, no crear una sobre-regulación”.
También cuestionó el funcionamiento de la Comisión Técnica de Encuestas, creada por la ley: “Se tenía que instalar dos meses después, pero hasta ahora no hay trazabilidad de que se haya sesionado. No hay resolución, ni reglamento, ni acto de esa comisión”.
En el foro quedó instalada la preocupación de que la ley, en lugar de mejorar la transparencia, restringió la publicación, aumentó costos, homogeneizó metodologías y abrió espacio a rumores y desinformación electoral.
