Tres megaproyectos de infraestructura estarían en “inminente liquidación” en Colombia, de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, que señaló que estos hacen parte del programa de cuarta generación (4G).
Las cifras fueron entregadas por el ministro de Transporte, William Camargo, quien dijo que se está trabajando con los privados para llegar a los mejores términos.
A pesar de lo anterior, su desenlace estaría cercano a darse en el país, por cuenta de problemáticas sociales o ambientales.
De hecho, algunas de estos ya dieron el salto al plano judicial, por cuenta de tribunales de arbitramento que han sido convocados, para dirimir las diferencias entre el Estado y los privados.
¿Cuáles megaproyectos estarían en inminente liquidación en Colombia?
Según el ministro Camargo, este Gobierno deberá estar entregando el 90 % a 92 % de las iniciativas 4G, “salvo dos o tres que tienen problemas en este momento de una inminente liquidación”.
En diálogo con La República, fue enfático en decir que estos megaproyectos han pasado por situaciones que hace más difícil su ejecución y estarían en inminente liquidación.
Incluso, por esta situación, el titular de la cartera sentenció: “No somos muy optimistas en su materialización”.
Mulaló – Loboguerrero
La primera es Mulaló – Loboguerrero, que está a cargo de una concesión vial de la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), empresa de Grupo Aval.
El megaproyecto firmó su acta de inicio en 2015, pero hoy, 10 años después, no ha podido arrancar. La compañía a cargo ha presentado dos tribunales arbitrales, con el fin de que se le concedan los recursos necesarios para completar el megaproyecto.
No obstante, esto no ha podido darse y las partes están a la espera de otro laudo de parte de un nuevo tribunal, razón por la cual el directivo la ve en inminente liquidación. A pesar de lo anterior, en su concepto, esta situación no implica que el proyecto no se pueda desarrollar.
“Cambia tal vez el modelo para ejecutar. El país tiene instrumentos el esquema de APP como concesiones y obra pública, y en esa intención, esos proyectos podrían estar orientándose a desarrollarse por obra pública”, anotó.
Y añadió: “Estos cierres con concesionarios podría derivar en desarrollar estos proyectos por otro mecanismo para no afectar un programa de inversiones y proyectos previsto en el Plan Maestro, pero podrían generar mayor eficiencia en el uso de recursos”.
Autopistas del Caribe
De otro lado, el funcionario indicó que en este grupo también está la iniciativa Autopistas del Caribe, que pretende construir en doble calzada el corredor de carga entre Cartagena y Barranquilla.
Sin embargo, su desarrollo no ha podido iniciar por la falta de cobro del peaje de Turbaco y la no instalación de la caseta de Arroyo de Piedra.
Bajo ese contexto, el ministro de Transporte señaló: “Es un corredor bastante complejo y que se vio afectado por lo que yo llamo el excesivo optimismo del recaudo de peajes para pagar la obra y la operación y el mantenimiento”.
En todo caso, defendió el modelo de este recaudo para pagar los megaproyectos de infraestructura. “Indistintamente de si se hace por esquema de APP u obra pública, debe mantener el peaje en su ejecución. Esa es parte un poco de la pedagogía que hacemos”, indicó.
Y añadió: “Si no somos conscientes de que el peaje u otro mecanismo que lo reemplace debe ser un pago recurrente para operar y mantener, vamos a cometer el peor error que puede cometer un ejecutar de obra: construir una obra y no garantizar recursos para operación y mantenimiento”.
Bucaramanga – Pamplona
Finalmente, el ministro Camargo anotó que entre los tres megaproyectos que el gobierno Petro ve en “inminente liquidación” está el corredor Bucaramanga – Pamplona.
Según el titular de la cartera, la actual administración recibió esta vía “prácticamente siniestrada” y ahora se vendrá su terminación anticipada.
Incluso, el funcionario confirmo lo dicho hace unas semanas por Valora Analitik, en el sentido de que ya hay un fallo de un tribunal de arbitramento que ordenó la liquidación.
Con esto en mente, concluyo diciendo: “Lo que queda ahora es un año largo para liquidar y cerrar la liberación de sus vigencias futuras.
De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), estos dineros podrían servir para operar y mantener el corredor y sus puntos críticos, pero luego sería clave tramitar una nueva concesión.
