El Tribunal Superior de Bogotá solicitó la reclusión en cárcel de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por su presunto vínculo en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La magistrada Aura Alexandra Rosero señaló que la medida de detención provisional domiciliaria que solicitaba la Fiscalía General de la Nación resultaba insuficiente. Esto considerando que el ente acusador «acreditó que las dinámicas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo, se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas y operaban a través de terceros».
En ese contexto, Rosero hizo énfasis en que la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario resultaba «idónea, necesaria y proporcional» para los imputados, por cuenta de la capacidad de articulación e intermediación «propia de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública».
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En otras palabras, si bien la Fiscalía pidió el aseguramiento en prisión domiciliaria para los dos exministros del gobierno Petro, la naturaleza de los hechos que están en materia de investigación hacen necesaria la imposición de una medida más alta. En especial, si se tiene en cuenta que ambos estaban en pleno cumplimiento de sus funciones ministeriales.
Durante su intervención, la magistrada argumentó que «los imputados no actuaron de manera episódica o aislada, sino que habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública».
De igual forma, destacó que los elementos relacionados por la Fiscalía General evidenciaron que los entonces ministros no solo participaron en reuniones institucionales o suscribieron actos propios de sus cargos, sino que «articularon, promovieron y coordinaron a través de terceros un esquema reiterado de dirección contractual en entidades como la UNGRD y el Invías» con miras a asegurar votos en proyectos legislativos.
Es importante destacar que la determinación del Tribunal se adopta conforme a la imputación formulada por el ente acusador tanto a Bonilla como a Velasco por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
El caso de la UNGRD estalló en febrero de 2024, cuando se dio a conocer la malversación de $46.800 millones en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas de La Guajira. Dicha revelación estuvo ligada a que los recursos de la entidad se habría utilizado para el pago de sobornos a diferentes congresistas a cambio de su apoyo en la aprobación de las reformas sociales que venía impulsando el Gobierno.
