El viernes 29 de agosto de 2025, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos emitió un duro revés para la política arancelaria de Donald Trump. Por una mayoría de 7 a 4, el tribunal declaró que gran parte de los aranceles globales impuestos por su administración eran ilegales al exceder la autoridad ejecutiva bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), aprobada en 1977.
Aun así, la corte decidió mantener los aranceles vigentes hasta el 14 de octubre, mientras se prepara una posible apelación ante el Tribunal Supremo.
Ante esa situación, el presidente Trump reaccionó con fuerza este 3 de septiembre desde la Casa Blanca. Advirtió que, si el Supremo respalda el fallo que anula sus aranceles, el país podría verse obligado a “deshacer” los acuerdos comerciales alcanzados con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y otros socios, con graves consecuencias económicas.
“Nuestra nación podría volver a ser increíblemente rica. También podría volver a ser increíblemente pobre. Si no ganamos ese caso, nuestro país va a sufrir muchísimo”, afirmó.
¿De qué van los acuerdos en riesgo?
Trump aseguró que estos acuerdos estaban ya negociados: “Hicimos un trato con la UE donde nos iban a pagar casi un billón de dólares. Y sabes qué… están contentos. Está hecho. Esos acuerdos están cerrados. Supongo que tendríamos que deshacerlos”.
Sin embargo, expertos legales y comerciales han cuestionado que estos acuerdos puedan deshacerse tan fácilmente, al señalar que se trata más bien de marcos de negociación y no tratados vinculantes, lo que limita su reversibilidad automática.
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¿Qué está en juego jurídicamente?
El caso se enfoca en la legalidad del uso de la IEEPA para imponer aranceles como herramienta de política económica sin el aval del Congreso. Aunque estas medidas habían recaudado más de US$150.000 millones en ingresos, generaron críticas por vulnerar el equilibrio constitucional entre poder ejecutivo y legislativo en materia tributaria.
La Casa Blanca ha solicitado un tratamiento urgente por parte del Tribunal Supremo —buscando una revisión rápida para mantener la estrategia arancelaria vigente— y advirtió que revertir los costos recaudados podría impactar severamente las finanzas públicas.
Tras el veredicto de apelaciones, la administración anunció oficialmente su apelación al Tribunal Supremo, confiando en que la mayoría conservadora podría revertir el fallo o permitir la continuidad de sus aranceles bajo otra base legal. El resultado del Supremo tendrá implicaciones profundas para la separación de poderes y la definición futura del poder presidencial en materia comercial.
