Cada vez más colombianos sienten que el sistema de salud dejó de ser una garantía y comenzó a convertirse en una preocupación cotidiana: la angustia ya no nace únicamente de una enfermedad grave o de una cirugía compleja. Esto pues hoy aparece cuando una persona llega a reclamar sus medicamentos y le dicen que no están disponibles, cuando una cita se aplaza durante semanas o cuando una familia debe sacar dinero de donde no tiene para pagar tratamientos que deberían estar cubiertos.
Las cifras recientes muestran señales que merecen atención. Mientras la afiliación al sistema alcanzó el 97,2 % de la población, varios indicadores relacionados con la atención efectiva empeoraron, incluyendo la entrega completa de medicamentos que cayó de 65 % a 53,1 % en un solo año. Al mismo tiempo, aumentó el número de pacientes que reciben solo parte de sus fórmulas o que no reciben ningún medicamento. En la práctica, esto significa que millones de colombianos están teniendo que asumir costos que antes esperaba cubrir el sistema.
La consecuencia de ese deterioro no se mide únicamente en estadísticas: se siente en los hogares. Se siente cuando una madre debe decidir entre comprar los medicamentos de un hijo o completar el mercado de la semana. Se siente cuando un adulto mayor destina parte de su pensión a pagar tratamientos que no le entregaron. Se siente cuando una persona con una enfermedad crónica empieza a espaciar dosis porque simplemente no puede asumir el costo mensual.
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La nueva realidad: pagar dos veces por una salud que ya financiamos
A su vez, la situación resulta aún más preocupante porque ocurre en medio de un contexto económico complejo. Los estudios sobre el gasto de los hogares muestran que las familias colombianas enfrentan una presión creciente por el aumento del costo de vida y por una mayor dependencia del crédito para sostener sus gastos cotidianos.
Esto pues el ingreso disponible de los hogares viene reduciéndose, mientras las compras frecuentes absorben una porción cada vez mayor del presupuesto familiar, de acuerdo con datos de la firma Raddar. En otras palabras, los colombianos tienen menos margen para enfrentar gastos inesperados, especialmente aquellos relacionados con la salud.
Los datos también muestran otro fenómeno inquietante: cada vez menos personas están acudiendo a sus EPS cuando enfrentan un problema de salud, mientras el uso de los servicios de urgencias continúa creciendo. Esto podría interpretarse como una señal de pérdida de confianza o de mayores barreras para acceder a consultas oportunas. Cuando la atención preventiva falla, las enfermedades suelen detectarse más tarde, los tratamientos se vuelven más costosos y los riesgos para los pacientes aumentan.
Pero, quizás el dato más delicado sea el relacionado con la percepción ciudadana. La confianza en la calidad del servicio viene cayendo y alcanzó su nivel más bajo en varios años.
Lo anterior cobra mayor importancia cuando se entiende que la salud funciona sobre una base fundamental: la confianza. Cuando las personas sienten que el sistema no responderá, buscan alternativas por fuera de él. Quienes tienen recursos pagan medicina prepagada, especialistas particulares o seguros complementarios. Quienes no los tienen quedan atrapados en la incertidumbre.
Aquí aparece una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué ocurrirá si estas tendencias continúan profundizándose? Si hoy casi la mitad de los pacientes debe asumir total o parcialmente el costo de sus medicamentos, ¿qué podría pasar en los próximos años si los problemas financieros y operativos del sistema no se corrigen? La preocupación de muchos ciudadanos es que el deterioro actual termine trasladando cada vez más responsabilidades económicas a las familias.
El riesgo de un sistema donde sobrevivir dependa de la capacidad de pago
Ante este panorama, el riesgo es evidente: Colombia podría avanzar hacia un escenario donde la diferencia entre recibir atención o no recibirla dependa cada vez más de la capacidad de pago de cada hogar. En ese contexto, la salud dejaría de ser un derecho efectivo para convertirse en un privilegio económico.
Así mismo, los sectores más vulnerables serían los más afectados. Para una familia de altos ingresos, comprar un medicamento faltante puede representar una molestia. Para una familia de ingresos bajos, puede representar la diferencia entre continuar un tratamiento o abandonarlo. Y cuando un tratamiento se abandona, las consecuencias suelen ser mucho más graves y costosas.
Por eso el debate sobre el futuro del sistema de salud no debería limitarse a discusiones políticas o ideológicas. Lo que está en juego son las posibilidades reales de atención de millones de colombianos. Detrás de cada cifra hay personas que esperan una cita, una cirugía, un examen o una medicina que necesitan para seguir adelante con sus vidas.
La pregunta de fondo es sencilla: si hoy las señales de deterioro ya están impactando el bolsillo y la tranquilidad de los hogares, ¿qué tan preparado está el país para evitar que esa crisis se profundice? La respuesta a esta pregunta y las decisiones que tomen los colombianos marcarán el futuro del sistema de salud, así como también la calidad de vida y la seguridad de millones de colombianos.
