Posibilidad de reformas tributaria y pensional afectaría confianza de inversionistas: S&P

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Standard & Poor´s

Standard & Poor’s concluyó que el nuevo Gobierno Nacional se vería en la necesidad de revisar la asignación, distribución y control a los proyectos y gastos relacionados con el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR), dada la importancia que tienen en el presupuesto de los departamentos y municipios, especialmente en aquellos con menos ingresos.

“Esto es aún más relevante si se tiene en cuenta el contexto del posconflicto, en el cual, de acuerdo con los acuerdos de paz se requiere destinar un importante monto de recursos a sectores prioritarios en las zonas con mayor afectación por el conflicto armado y la violencia”, precisó.

En cuanto a los recursos para la educación superior, considera que el Gobierno entrante afrontará el reto adicional de definir nueves fuentes de financiación, así como su distribución respecto a otros programas educativos como el programa “Ser Pilo Paga” y el fondeo del Icetex.

Aunque el Gobierno otorgó cerca de 1,2 billones de pesos durante el periodo 2012-2016 provenientes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (Cree) para las instituciones de educación superior públicas, aún existe un déficit en las fuentes de financiación del sistema.

Financiación a través de vigencias futuras

Mencionó que si bien el Gobierno Nacional diseñó las vigencias futuras (instrumento de financiación de proyecto) para dar margen de maniobra a los diferentes entes territoriales, “las cifras del Ministerio de Hacienda y la tendencia creciente que hemos observado en las entidades que calificamos, nos lleva a identificar un riesgo potencial para las administraciones de los periodos siguientes. Por lo tanto, consideramos que este es uno de los temas pendientes de incluirse en la agenda del gobierno entrante”.

Avances en infraestructura

La calificadora resaltó el programa de infraestructura 4G como base para estructurar y financiar proyectos de gran magnitud. Pero, cree que el país mantiene importantes necesidades de inversión en infraestructura intermodal y social, “cuya fuente de financiación deberá definirse en los próximos años”.

En opinión de S&P, las obras de carácter social registran mayor incertidumbre ante la debilidad institucional de algunos entes territoriales, el riesgo político y los riesgos de crédito propios de algunos sectores.

“Consideramos que el nuevo gobierno afronta el reto de desarrollar políticas y programas que mitiguen estos riesgos e incentiven la mayor participación del sector privado”, explicó.

Sistemas de transporte masivo

Además de los retos mencionados, considera que los sistemas masivos de transporte deberían ser autosostenibles.

“Esto, teniendo en cuenta que los sistemas que operan, principalmente, en ciudades intermedias han requerido aportes adicionales por parte de la Nación y de los entes territoriales, debido a los problemas en la estructuración y de las proyecciones de tráfico”, puntualizó.

Señaló que un proyecto que tendrá alto impacto es el metro de Bogotá, que ya cuenta con fuentes de financiación, pero cuyos diseños finales todavía están pendientes y podrían estar sujetos a modificaciones tras el inicio del nuevo gobierno nacional.

Sector privado

Por último, mencionó que aun cuando la economía colombiana reportó un crecimiento modesto en 2017, de 1,7 % del PIB, las empresas lograron mantener resultados adecuados.

El año pasado, ninguno de los emisores corporativos que califica BRC tuvo cambios en sus calificaciones y su nivel de apalancamiento (medido como deuda neta / EBITDA) se mantuvo relativamente estable frente a los años anteriores.

“Estos resultados responden a la implementación de planes de eficiencia operacional por parte de las empresas, a la reducción en sus planes de inversión y a la definición de políticas conservadoras de endeudamiento”, comentó.

Sin embargo, dijo que la efectividad de estas medidas tiene un efecto finito, y es necesario que se consolide la senda de recuperación económica proyectada.

“La posibilidad de una reforma pensional y tributaria podría afectar la confianza de los inversionistas y los consumidores lo que representaría un escenario de desaceleración económica que impactaría los resultados de las compañías”, añadió.

El riesgo de volatilidad de la tasa de cambio afectaría los costos de las materias primas, tasas, insumos y productos denominados en dólares que no están compensados vía ingresos por parte de las empresas.

“El nivel de endeudamiento no tendría un impacto relevante, puesto que hemos observado una política de reducción de la deuda en dólares por parte de las empresas”, finalizó.