¿Por qué caso del ex presidente Álvaro Uribe vuelve a depender de Corte Suprema de Justicia?

EFE

 

Luego que un juzgado de control de garantías de Bogotá remitiera el caso que se adelanta contra el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos y fraude procesal nuevamente a manos de la Corte Suprema de Justicia, varias inquietudes han surgido sobre el proceso pues ya la Fiscalía General de la Nación estaba al frente del caso tras la renuncia de Uribe a su curul como senador de la República.  

Esto pues a pesar de haberse declarado competente para definir la petición de libertad, el juzgado pidió a la Corte Suprema que se pronuncie sobre cuál régimen debe aplicarse en el proceso.

Ahora, el tema está en si el proceso debe conducirse según la Ley 906 de 2004 como pide su defensa, en cabeza del abogado Jaime Granados, o si, por el contrario, debe primar la Ley 600 del año 2000, como lo solicita el senador Iván Cepeda, involucrado como parte afectada en el caso.

Granados sostiene que la Ley 600 del 2000, basada en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, no es la indicada para este caso porque para eso está la Ley 906 de 2004 del sistema penal acusatorio.

La Fiscalía sostiene que el asunto debe seguirse exclusivamente dentro de los parámetros de esta última porque hace referencia a hechos que supuestamente pudieron haber ocurrido entre 2017 y 2018, cuando ya estaba en vigor la Ley 906. En eso coincidió con el juzgado de control de garantías de Bogotá, el cual señaló que los delitos inculpados fueron cometidos después del primero de enero de 2005, mientras que la Ley 600 se aplica para hechos anteriores a la fecha mencionada.

En tanto, Cepeda manifestó que la decisión del juzgado es una oportunidad para que la Corte Suprema se pronuncie de fondo sobre las garantías a los derechos fundamentales que tienen las víctimas en este proceso.

Esto pues, previamente, Cepeda consideró que la renuncia de Uribe a su curul como senador se hizo para evitar que el alto tribunal fuese quien llevase el proceso y lo siguiera investigando, a lo que la defensa de Uribe ha explicado que es un proceso de persecución.

Así, Uribe continuará en detención domiciliaria, medida que cumple desde el cuatro de agosto pues la Corte Suprema deberá definir cuál es la ley que aplica para continuar con su proceso.

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