Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Conconcreto, empresa que hace parte del Consorcio CCC Ituango, respondieron este viernes a la decisión de la Contraloría de confirmar el fallo de responsabilidad fiscal en contra de 26 personas naturales y jurídicas por el caso Hidroituango.
Por un lado, EPM envió un mensaje de tranquilidad, en el que señala que, a la fecha, esta decisión no se encuentra en firme y ejecutoriada. Lea más en Noticias Empresariales.
De allí que señalaron que los actuales contratistas -Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H.- “deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los diferentes contratos”.
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Y aunque no dio detalles sobre el cambio de constructores, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sí confirmó que se mantiene la prórroga acordada de ocho meses para el contrato y de otros tres para el empalme con las firmas que culminarán el proyecto.
Volviendo a la empresa, esta indicó que con su equipo técnico, jurídico, financiero y de riesgos estudiará el fallo.
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“Una vez analizado, EPM implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del proyecto e informará al mercado las implicaciones que la mencionada situación pueda causar en el desarrollo de este y el proceso de ajuste del siniestro”, dijo.
De otro lado, la constructora Conconcreto señaló que “recurrirá a las instancias legales que sean necesarias para ratificar nuestro correcto actuar y restablecer nuestros derechos”.
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Y recordó que los fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría están sometidos a un proceso de control automático de legalidad a cargo del Consejo de Estado.
De tal modo, solo cuando este trámite termine, la decisión tendrá efectos plenos efectos, “momento en el cual, y dependiendo de cómo se resuelva el recurso mencionado, podremos determinar los impactos jurídicos, económicos y contables para la sociedad”, concluyó.
Vale recordar que este viernes, el ente de control dejó en firme el fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones que, a título de culpa grave, profirió en septiembre pasado contra 26 funcionarios y contratistas del proyecto.
Esto como consecuencia del “daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango y el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018”.
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