Primicia | Dos aeropuertos clave de Colombia, en el limbo por final de concesiones

El sector de transporte aéreo en Colombia está buscando por cielo y tierra una solución ante la inminente llegada de un problema que venía rondando desde 2020.

La situación involucra a los aeropuertos Rafael Núñez de Cartagena y Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali desde Palmira, Valle del Cauca. Todas las noticias de infraestructura aquí.

En ambos casos, las concesiones están activas desde hace más de 20 años, pero expirarán en diciembre de 2022 y todo indica que sería imposible renovarlas.

Así lo confirmó Valora Analitik con dos fuentes cercanas al sector, y con la Aeronáutica Civil, la cual tendría que asumir la operación de los dos aeropuertos una vez se cumplan los contratos y sus extensiones.

De hecho, este medio estableció que la entidad ya fue notificada de la situación y está actualmente en el proceso jurídico para recibir los dos aeropuertos.

La pandemia y sus efectos

Pero, ¿cómo se llegó a este desenlace? Para conocer la respuesta es clave regresar a marzo de 2020.

En ese momento, Colombia comenzó a implementar medidas de restricción a la movilidad, incluyendo una cuarentena a nivel nacional que terminaría durando cerca de seis meses.

Mientras millones de personas estaban en sus hogares, y la economía se desplomaba a niveles históricamente bajos, en las carreteras y aeropuertos imperaba el silencio y la soledad.

Pero más allá de la escena novelesca, esta situación comenzaba a poner a las concesiones contra las cuerdas.

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Es importante recordar que los proyectos que operan bajo esta figura se desarrollan con el recaudo de peajes o tasas aeroportuarias y otros ingresos, que son los que hacen viables las inversiones.

Por ende, si el tráfico se cae, las fórmulas y cálculos pierden vigencia y los contratos pueden llegar a desbarajustarse.

Teniendo esto presente, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el sector privado llegaron a un acuerdo para que las concesiones sobrevivieran a la pandemia.

Esto no fue ajeno a los megaproyectos aeroportuarios, que hoy ven cómo estas salidas comienzan a desvanecerse.

En el caso de Cartagena y Cali, se acordó aplazar la terminación de las concesiones, firmadas entre finales del siglo pasado y comienzos del actual, de tal modo que los modelos financieros no se vieran perjudicados.

No van más

Eso sí, en diciembre próximo vencerían estas prórrogas, por lo que sería necesario que la Aerocivil tome su operación, con todo lo que esto implica.

Desde el sector privado han alertado que este cambio del modelo concesional al de operador público, aún de manera temporal, podría afectar el desempeño de las terminales aéreas.

Esto se presentaría en tiempos en que el transporte aéreo de pasajeros vive un ‘boom’ en la pospandemia.

Según la Aerocivil, entre enero y mayo de 2022, por los aeropuertos de Colombia se movilizaron 18,7 millones de personas, cifra que, en algunos meses, ya ha crecido más de 20 % frente a los datos de 2019.

A pesar de lo anterior, desde el Gobierno saliente están buscando dejar la ‘casa en orden’ antes de terminar el mandato del presidente Iván Duque.

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De hecho, consultada por este medio, la ANI dijo que todas las entidades del sector están analizando las alternativas del contrato para el caso de Cartagena.

Y agregó: “Desde la ANI, en particular, estamos revisando la parte jurídica del contrato actual, así como la iniciativa privada, que se encuentra en trámite de aprobaciones con otras entidades”.

Nuevo aeropuerto en Cartagena

Tanto en Cartagena como en Cali, la solución quedaría nuevamente en manos de los empresarios.

En el primer caso, se reemplazaría el contrato de Sacsa, actual concesionario, por una alianza público privada de iniciativa privada (APP-IP).

La propuesta, de la cual hace parte Odinsa, está en proceso de aprobación por parte del Estado y prevé inversiones por US$600 millones para un nuevo aeropuerto en el sector de Bayunca, en las afueras de Cartagena.

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Así las cosas, el desarrollador podría tomar la operación del Rafael Núñez, al tiempo que construye la nueva terminal, aunque aún no es claro si esta sería la última palabra del Gobierno.

Lo que sí se sabe es que, tanto la modernización del actual aeropuerto como la construcción del nuevo, hacen parte de los megaproyectos 5G que se prevén queden estructurados entre este año y el 2023.

Con esto en mente, ambos quedarían en una segunda o tercera ola de iniciativas, siempre y cuando el nuevo Gobierno decida continuarlas.

La nueva administración no ha dejado claro si mantendrá las denominadas concesiones de bicentenario, de las cuales ya tres han sido adjudicadas.

Cali, con concesión regional

En el caso de Cali, la situación sería similar, pero no incluiría la construcción de un nuevo aeropuerto, sino la adecuación del Alfonso Bonilla Aragón y la consolidación de una nueva concesión regional.

Catalina Ortiz, excongresista caleña y cercana al proceso, le explicó a Valora Analitik que Aerocali, actual concesionario, presentó hace cinco años una APP-IP para renovar la concesión por 30 años más.

Eso sí, el grupo de empresas debía cumplir con algunas obligaciones, como anexar al contrato el aeropuerto de Buenaventura, de tal modo que también reciba inversiones de parte del sector privado.

Las autoridades avanzan también en este frente, pero mientras ese momento llega, la Aeronáutica Civil tendría que recibir y operar la terminal aérea.

Esto, en concepto de Ortiz, no implicaría traumatismos, ni tendría por qué complicar el desarrollo del aeropuerto.

“Creo que la diferencia no sería mucha y no sería el fin del mundo”, aseguró la excongresista.

Y anotó que, en su lugar, “lo realmente grave es que Aerocali vaya a tener el aeropuerto por 30 años más y no esté pensando en que haya carga, o que incluya una logística con Buenaventura”.

Ahora bien, es enfática en decir que, al ser una APP-IP, se le debe respetar al estructurador del proyecto el hecho de haber realizado los estudios, diseños y demás documentos del mismo.

Así las cosas, el papel del Gobierno de Gustavo Petro será clave para conocer el futuro de esta concesión, que, si se ejecuta mal, podría terminar en una demanda de gran calado contra el Estado.

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