La Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos más influyentes del sector petrolero en Colombia, atraviesa una nueva tensión interna a raíz de las declaraciones recientes de su presidente, César Loza, sobre la necesidad de retomar la exploración mediante fracking para garantizar la autosuficiencia energética del país.
La Subdirección Única de Oleoductos (SUO), junto con otros dirigentes, expresó públicamente su desacuerdo y recordó que la Asamblea Nacional de delegados de la USO, en noviembre de 2019, adoptó una decisión institucional clara: rechazar de manera categórica el uso de esta técnica en Colombia.
Una decisión de 2019 que divide a la organización
La controversia comenzó cuando Loza, en declaraciones a medios de comunicación, planteó que, ante el riesgo de que las reservas de hidrocarburos no sean suficientes, Colombia debe abrir la puerta al fracking.
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Según él, un sindicato responsable debe contribuir a garantizar la producción de combustibles líquidos para cerca de 18 millones de vehículos que circulan en el país, así como la seguridad en el suministro de gas y los aportes económicos que Ecopetrol transfiere a la Nación.
“Un sindicato responsable con el país tiene que resolver la autosuficiencia energética”, afirmó Loza, en referencia a la necesidad de ampliar el debate sobre las alternativas para sostener la producción de la compañía y, en consecuencia, los ingresos que aporta al Estado.
No obstante, para la Subdirección estas afirmaciones desconocen el mandato de la máxima autoridad del sindicato.
William Silgado, presidente de la subdirección, aseguró que la postura de Loza va “en contravía del mandato de la Asamblea Nacional de Delegados” y que no corresponde a una decisión colectiva. “Ese mandato no se ha cambiado, seguimos en esa postura de no al fracking”, puntualizó.
“No al fracking no pone en riesgo la autosuficiencia”
En el mismo sentido se pronunció Ariel Corzo, dirigente de la Junta de Directiva Nacional de la USO, quien recalcó que la negativa al fracking no pone en riesgo la autosuficiencia energética del país.
De acuerdo con el vocero, el verdadero problema es la falta de inversión de Ecopetrol en campos maduros como La Cira-Infantas, que requieren mantenimiento constante para sostener la producción.
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“Lo que pone en riesgo la autosuficiencia es la desinversión en esos campos”, advirtió Corzo.
A su juicio, es un “acto de irresponsabilidad” plantear que el fracking sea la solución a la producción petrolera. “Debemos ser coherentes con lo que definimos en 2019 y exigirle al Gobierno nacional mayor inversión en la producción convencional para apalancar una transición energética justa, razonable y amigable con el medio ambiente”, añadió.
Corzo también recordó que la decisión de 2019 se alinea con el programa de gobierno actual, que ha manifestado abiertamente su rechazo a los proyectos de crudos no convencionales. Además, resaltó que esta postura es defendida por la mayoría de los trabajadores afiliados a la USO, que suman cerca de 25.000.
“La opinión del compañero César Loza no representa a toda la organización sindical en este aspecto”, enfatizó.
El desencuentro entre la dirigencia nacional y algunas subdirecciones de la USO no se limita únicamente al tema del fracking. También han surgido diferencias frente a asuntos como la política climática, la transición energética y los acuerdos laborales con Cenit, filial de transporte de Ecopetrol.
Estos temas han ido marcando un distanciamiento entre la presidencia del sindicato y bases regionales o subdirectivas que reclaman coherencia con las decisiones adoptadas en congresos y asambleas.
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El debate interno llega en un momento clave para Ecopetrol y para el país. La compañía, principal generadora de ingresos fiscales en Colombia, enfrenta el desafío de sostener su producción de hidrocarburos mientras avanza en la diversificación hacia energías limpias.
