La ponencia para primer debate del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal 2026 fue radicada formalmente hoy ante el Congreso de la República manteniendo la cifra original propuesta por el Gobierno Nacional de $557 billones (28,9 % del Producto Interno Bruto).
La discusión de las Comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara se citó para mañana, 24 de septiembre, a las 12:00 p. m., un día antes de que venza el plazo legal, de acuerdo con el artículo 56 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP).
A pesar de la intensa deliberación y las 186 proposiciones radicadas por congresistas, que sumaban demandas de gasto por $18,5 billones, la ponencia para el primer debate no alteró el monto global del Presupuesto.
Lo que sí se incluyó fue un pliego de modificaciones con el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que implica adiciones y reducciones por valor de $550.000 millones en el presupuesto de gastos.
Estas modificaciones buscan atender preocupaciones del Congreso y fueron priorizadas bajo criterios como la racionalización de gastos operacionales y la focalización en proyectos de inversión de alto impacto.
Entre las modificaciones específicas incluidas en el pliego anexo a la ponencia se encuentran reducciones totales de funcionamiento por $550.000 millones, así: -$190.044 millones para Defensa y Policía, específicamente en sentencias y conciliaciones, -$15.000 millones para Hacienda en sentencias y conciliaciones y -$1.000 millones para la modernización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En compensación, se incrementarán los presupuestos de las entidades, así: +$100.000 millones para el Ministerio de Comercio, +$200.000 millones para el Ministerio del Deporte, +$200.000 millones para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y +$50.000 millones para el Instituto Colombiano Agropecuario.
Sin embargo, para que el Presupuesto pueda ser de $557 billones es clave que el Congreso de la República apruebe también el proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria que el Gobierno radicó a comienzos de septiembre por $26,3 billones.
Hasta ahora, los congresistas de oposición han coincidido en que las propuestas no deben ir juntas y le han pedido al MinHacienda que primero se revise el presupuesto de forma independiente y luego las necesidades de financiamiento. También han advertido que el articulado propuesto golpea a los sectores productivos y a la clase media y han anticipado que no lo respaldarán.
El proceso de evaluación del Presupuesto
Las Comisiones Económicas del Congreso han examinado en las últimas semanas la viabilidad fiscal de modificar el proyecto radicado por el Gobierno Nacional. Estas labores iniciaron con el estudio del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025. Desde agosto, se han desarrollado debates y sesiones conjuntas de trabajo con altos funcionarios del Gobierno (ministro de Hacienda y directora del DNP), representantes del Banco de la República, la Contraloría General de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), la academia, centros de pensamiento y gremios.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que el PGN 2026 es el resultado de un esfuerzo de coordinación institucional destinado a armonizar la coherencia macroeconómica con la priorización del gasto. Según el funcionario, el proyecto se alinea con la senda fiscal definida por la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal y busca impulsar la reactivación económica y la transformación social del país, siguiendo la hoja de ruta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
Un punto central en el que ha insistido Ávila es el desafío estructural de la inflexibilidad presupuestal, que se proyecta en un 91,4 % del monto para 2026. Los componentes más inflexibles incluyen el pago del servicio de la deuda, el Sistema General de Participaciones (SGP), las pensiones ($87,2 billones, 15,7 %), los gastos de personal ($66,8 billones, 12 %) y el aseguramiento en salud ($51,3 billones, 9,2 %).
Además de la rigidez estructural, el ministro abordó las presiones fiscales heredadas, destacando la necesidad de manejar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que acumuló $79,6 billones en pagos entre 2022 y 2025. En consecuencia, el titular de la cartera defendió la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal, argumentando que es una decisión responsable para evitar un ajuste fiscal abrupto que podría afectar la estabilidad macroeconómica.
El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 fue presentado a consideración del Congreso de la República el pasado 29 de julio por el ministro de Hacienda. El 11 de septiembre de 2025 se debatió el monto, pero la sesión conjunta se levantó sin que las cuatro comisiones económicas tomaran una decisión debido a la ausencia de quórum.
Dado que el plazo para decidir sobre el monto definitivo venció el 15 de septiembre, se activó el principio implícito de «suma aprobada por el silencio».
Los ponentes del proyecto de ley consideraron indispensable mantener el monto global del presupuesto en $556,97 billones. Esta cifra se sustenta en que constituye el marco de sostenibilidad fiscal definido por el Gobierno y una obligación derivada de la planeación macroeconómica y las disposiciones orgánicas del presupuesto.
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