El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, se refirió a las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien planteó que 45.000 trabajadores de alto riesgo deben ser trasladados de fondos privados al régimen público.
De acuerdo con Velasco, esto no significa que las AFP le deban devolver a la entidad del Gobierno $9 billones, como lo indicó Dussán, pues fueron estos trabajadores quienes tomaron la decisión de depositar allí sus ahorros.
A este régimen especial pertenecen los empleados vinculados a entidades de alto riesgo determinados por la ley (bomberos, personal del INPEC, médicos con exposición a radiación). En su caso, el empleador debe cotizar un 10 % adicional a pensiones, de forma que el aporte mensual es del 26 % de su salario y no del 16 % como en el resto de los casos.
Velasco señaló que en estos casos en los que las pensiones son netamente subsidiadas no es posible producir una rentabilidad que le permita a una persona en un fondo de ahorro individual pensionarse a los 55 años (10 años antes que la población general) con 700 semanas cotizadas.
Asofondos viene adelantando una serie de mesas técnicas con el Gobierno para determinar qué tratamiento se dará a los trabajadores de regímenes especiales cuya cotización no alcance para pensionarse. La propuesta del gremio es que puedan permanecer en un fondo privado donde la devolución de saldos podría ser mayor que en Colpensiones porque incluye rendimientos.
El costo de los traslados pensionales en el Presupuesto
El presidente de Asofondos aseguró que, en general, los traslados de los trabajadores de un régimen pensional a otro le cuestan al Gobierno cerca de $7 billones al año presupuestalmente.
“Este año, no vimos la plata. El presidente (Gustavo Petro) insiste en que sí estaba, pero en el Presupuesto General de la Nación, en las entidades donde tenían que colocarse estos recursos no vimos los suficientes”, dijo a Caracol Radio.
El vocero resaltó que la reforma pensional solo proveerá $1 billón de esos $7 billones que se gastan, que corresponde al pago de aportes solidarios de los trabajadores que cotizan sobre mayores ingresos salariales. Los otros $6 billones deberán asignarse vía presupuesto.
“La realidad del pilar solidario es que depende del Presupuesto General de la Nación”, enfatizó Velasco.
Para 2026, el presupuesto de transferencias sociales del Departamento de Prosperidad Social es de alrededor de $10 billones, pero para el gremio no es claro si esos se destinarán a pensiones y otros programas.
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