El Gobierno colombiano quiere establecer un marco regulatorio para el derecho que tienen los consumidores financieros a solicitar la portabilidad de sus productos, según un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF).
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“La portabilidad financiera permitirá a los consumidores trasladar sus productos financieros de una entidad a otra de manera gratuita, segura y sin barreras operativas, junto con información general y transaccional asociada, fortaleciendo su libertad de elección y fomentando la competencia dentro del sistema financiero”, señaló la URF en un comunicado.
La propuesta le apunta a definir la portabilidad como un servicio prestado dentro del sistema de finanzas abiertas que busca garantizar condiciones de transparencia, interoperabilidad, protección al consumidor y libre elección, de manera que las personas puedan tomar la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
Para ello, la URF optó por estructurar el esquema de portabilidad bajo un modelo descentralizado interoperable, anclado directamente en el ecosistema de finanzas abiertas, un enfoque que aprovecha la infraestructura existente para que las entidades financieras interactúen directamente entre sí.
Sin embargo, el alcance inicial de la regulación se ha circunscrito exclusivamente a ciertos productos de crédito, seleccionados por su viabilidad técnica y su potencial para dinamizar la competencia: cartera comercial (excepto redescuento), de consumo (excluyendo créditos de libranza) e hipotecaria, incluso cuando es leasing.
El proyecto de decreto y su documento técnico de soporte están disponibles en la página web de la entidad y hasta el 25 de octubre de 2025 la ciudadanía, las entidades financieras y demás actores interesados podrán enviar sus comentarios y observaciones.
El proyecto de decreto se estructura como un caso de uso del sistema de finanzas abiertas, adoptando un modelo descentralizado basado en los principios de interoperabilidad, consentimiento informado, trazabilidad y neutralidad tecnológica. Este enfoque, de acuerdo con la URF, permitirá que las entidades financieras interactúen directamente entre sí a través de mecanismos seguros y estandarizados, garantizando transparencia y la protección del consumidor financiero.
Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional busca promover un sistema financiero más competitivo e inclusivo, que facilite la movilidad de los consumidores y fomente la innovación en la oferta de productos y servicios financieros.
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