A tan solo dos semanas de haber entrado en vigor el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, mejor conocido como Bre-B, el Gobierno Petro planea darle un golpe a su masificación.
Esto, debido a que lanzó a comentarios del público un proyecto de decreto mediante el cual crea un nuevo impuesto que afectará directamente todos los pagos que se hagan con las llaves del sistema Bre-B, así como con billeteras digitales como Nequi, Daviplata, dale!, entre tantas otras.
El texto completo del proyecto de decreto se puede descargar haciendo clic aquí.
En resumen, la propuesta que salió del Ministerio de Hacienda plantea que todos los pagos que se hagan en los comercios de Colombia tendrán un impuesto de retención en la fuente equivalente al 1,5 % del monto generado.
Eso quiere decir, en la práctica, que todos los pagos que los colombianos y extranjeros hagan en las tiendas y en los comercios habilitados para recibir transacciones digitales tendrán un impuesto del 1,5 % sobre el monto enviado, lo que equivale a un impuesto del 15X1.000.
Es preciso aclarar que los envíos de dinero entre personas que no sean responsables de IVA no quedarán gravados con ese impuesto. Pero, al final del día, sí aplicará para todas las compras de bienes y servicios que reciban pagos con cualquier medio de pago digital.
Al final del día, los comercios tendrán que retener ese impuesto para entregarlo a la Dian y, eventualmente, pedir la devolución ante esa entidad a través de un trámite que se sabe engorroso y que toma semanas o meses.
El Ministerio de Hacienda justificó la decisión diciendo que “la retención en la fuente no se practicará si el pago o abono no constituye ingreso tributario o si no se trata de adquisiciones de compras de bienes o servicios”.
La opinión de los expertos: la gente no querrá dejar el efectivo
Valora Analitik habló con Julián Jiménez, socio del bufete de abogados Esguerra JHR, quien declaró que en la actualidad las operaciones de compra efectuadas con tarjetas de crédito y débito tienen esa retención.
El decreto, en su concepto, está buscando igualar la regulación para que las compras con medios digitales sean incluidas en esa retención en la fuente.
Con este proyecto, dijo, el Gobierno convierte en retenedores a las pasarelas de pagos y a las billeteras digitales que no estaban incluidas.
Los que no practicaban esas retenciones ahora deben actuar para que el Gobierno pueda anticipar el cobro de ese impuesto, aseguró el experto.
En su concepto, la nueva tarifa que se propone afectará los pagos digitales y las billeteras porque agregará ese 1,5 % en el monto pagado en un comercio a través de la billetera. Se les está diciendo a esos operadores que deben responder por esa retención.
Afectaría, además, al comercio porque desestimula los pagos digitales, al tiempo que el Estado debe controlar porque hay inequidad entre las tarjeras y los sistemas de pago electrónico.
“Hoy pagas más por transacción con tarjeta que por medios electrónicos”, aseguró Jiménez.
“No tiene un límite de transacción, no importa la compra que se haga de servicios y bienes, lo que pasaría con el decreto es que es retroceder en los medios electrónicos y fomentar el uso de efectivo porque se encarece la transacción digital”, dijo el socio de Esguerra JHR.
Otro experto consultado por Valora Analitik fue Jaime Gómez de la firma Posse Herrera Ruiz.
Hoy se puede pagar en efectivo, con tarjetas de crédito y público y con medios electrónicos. El ejemplo perfecto son las billeteras digitales como Nequi, Daviplata, dale!, entre otras, así como con el sistema de pagos inmediatos Bre-B.
Ahí hubo avances en las formas de medios de pago en Colombia para hacerlos más cercanos a la ciudadanía.
En materia tributaria todo debe ser regulado, debe ser previamente establecido, advirtió Gómez. Hoy, ya hay disposiciones que implican que cuando el comprador paga, los emisores de las tarjetas aplican una retención del 1,5 % que es un anticipo del impuesto que le permite al Estado recaudar gradualmente ese gravamen. No existe una disposición similar para los pagos electrónicos.
Como hoy no existe, ese cobro para pagos electrónicos debe estar establecido en la regulación.
“El crecimiento de los pagos digitales se ha basado en que no existe esa retención para ningún comercio ni siquiera los más pequeños”, dijo
El proyecto de decreto busca establecer esta retención en la fuente para estos pagos electrónicos, siendo potestad del Gobierno establecer las tarifas de ese impuesto que no estaba regulado.
Gómez también enfatizó en que el impuesto no aplica para las personas naturales no comerciantes (personas que obtengan menos de $135 millones al año en ingresos), tales como el conductor taxi o la señora del puesto de comida en la calle, pero sí les aplica a los comerciantes (todas las personas jurídicas).
Esa idea del Gobierno Petro llega justo ahora que inicia el sistema Bre-B por lo cual considera el experto que se podría dar un retroceso en los avances de lo que viene siendo el crecimiento de las transacciones digitales.
Hay negocios que tienen márgenes pequeños, dijo, entonces cuando se impone la retención en la fuente se generan saldos a favor que después es un trámite que no siempre surte los tiempos más expeditos en la Dian para su devolución y puede terminar en que muchos dueños de comercio desistan de reclamarlo.
De acuerdo con Jaime Gómez, el vendedor podría trasladar ese impuesto al precio de los servicios y bienes que vende porque el comerciante no va a poder acceder en el corto plazo a esos recursos retenidos.
En el contexto internacional, Gómez mencionó que el sistema de pagos inmediatos de Brasil llamado PIX tuvo caídas en los niveles de uso cuando hubo rumores de impuestos para los pagos.
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, advirtió en conversación con Valora Analitik que la propuesta del Gobierno trunca los esfuerzos del Estado y de los privados que trabajaron años para habilitar un sistema con rieles que incluye a cientos de entidades en los pagos digitales.
Finalmente, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo que “gravar las transacciones digitales con una retención del 15 por mil va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía. Este tipo de medidas desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al efectivo y encarece las operaciones para hogares y pequeños negocios, justo cuando el país necesita avanzar hacia una economía más digital y eficiente. Muy mala idea, de la cual el Ministerio debe desistir”.
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