La Cámara de Representantes finalizó el proceso de designación de los coordinadores y ponentes que tendrán la responsabilidad de analizar y debatir la nueva reforma tributaria del Gobierno para su primer debate.
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La Mesa Directiva de la Comisión Cuarta, con competencia en asuntos presupuestales y fiscales, definió un grupo de congresistas para liderar el estudio de la iniciativa.
Como coordinadores ponentes fueron designados John Edgar Pérez Rojas, Luis David Suárez Chadid, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Gloria Elena Arizabaleta Corral, José Eliécer Salazar López, Olga Lucia Velásquez Nieto y John Jairo González Agudelo.
Por su parte, los ponentes serán Gloria Liliana Rodríguez Valencia, Jorge Méndez Hernández, Yenica Sugein Acosta Infante, Libardo Cruz Casado, Gilma Díaz Arias, Gildardo Silva Molina, Jairo Reinaldo Cala Suárez y Hernando Guida Ponce.
El viernes 31 de octubre se completó también la designación de estos perfiles en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, encargada de temas hacendarios.
Allí los coordinadores ponentes serán Carlos Arturo Vallejo Beltrán, Kelyn Johana González Duarte, Wilmer Yair Castellanos Hernández, Jorge Hernán Bastidas y Saray Elena Robayo, mientras que los ponentes son Ángela María Vergara, Diógenes Quintero Amaya, Katherine Miranda, Jesús Echeverría, Carlos Cuenca, Leonardo de Jesús Gallego y María del Mar Pizarro.
Con este nombramiento se destraba el inicio de la discusión de la ley de financiamiento en el Legislativo, con la que el Gobierno busca asegurar un recaudo de $16,3 billones en 2026. Ahora, los congresistas tienen un plazo máximo de 15 días calendario para presentar el informe con el que se iniciarán los debates y las votaciones.
Esto significa que la discusión de la reforma tributaria en el Congreso de la República podría iniciar las próximas semanas. Si la ponencia se entrega sobre la fecha máxima, se citaría para la semana del 18 de noviembre.
La conformación de este equipo de trabajo es un termómetro político, pues de su capacidad de negociación dependerá en gran medida qué elementos del proyecto se mantienen, cuáles se modifican y cuáles son eliminados del texto final.
El Ministerio de Hacienda señaló recientemente que el Gobierno buscará consenso con los representantes sobre ajuste de los $10 billones en los que fue necesario reducir el recaudo luego de que el Congreso aprobara un presupuesto menor en dicho monto para 2026 ($546,9 billones).
Esto significa que el Gobierno no radicará un nuevo texto, sino que se harán modificaciones sobre la versión presentada el 1 de septiembre por $26,3 billones para llevarla a $16,3 billones. El presidente Gustavo Petro anticipó hace unas semanas que se descartarían, por ejemplo, el aumento de impuestos a la gasolina y la cerveza.
La semana pasada, el ministro (e) de Hacienda, Carlos Betancourt, aseguró que no han considerado un plan B en recortes de gasto en caso de que no se apruebe la ley de financiamiento de $16,3 billones, dado que la “apuesta decidida” del Gobierno es lograr aval del Congreso porque estos recursos son cruciales para el cierre de la financiación del presupuesto.
El funcionario dijo que están convencidos de que lograrán los consensos necesarios para tener éxito porque los recursos son necesarios para lograr un ajuste fiscal y mantener la inversión pública, además para cumplir el compromiso de retornar a la senda de la Regla Fiscal.
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