La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) solicitó formalmente al Congreso de la República archivar el proyecto de ley de financiamiento, advirtiendo que la iniciativa no contribuirá a la reactivación económica.
Según el gremio, la reforma tributaria con la que el Gobierno espera recaudar $16,3 billones el próximo año y que empezará a discutirse este mes en el Legislativo, generará un impacto negativo en indicadores clave como la inversión, la inflación y la competitividad.
La ANDI expresó en la misiva una “inmensa preocupación”, señalando que el país no debería enfocarse en la aprobación de nuevos aumentos a los impuestos que resten competitividad al sector formal.
El documento de comentarios al proyecto de ley de financiamiento”, firmado por Bruce Mac Master, presidente de la asociación, enfatiza en que la reforma propuesta es eminentemente recaudatoria y no ofrece soluciones a los problemas estructurales del sistema tributario colombiano, tales como la evasión, la informalidad y la complejidad normativa.
Entre las críticas más fuertes al proyecto de ley, el gremio subrayó que Colombia pasaría a ser una de las jurisdicciones con mayores cargas nominales corporativas a nivel global y dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al mantener la tasa de renta del 35 % y aplicar sobretasas del 15 % para los sectores extractivo y financiero.
Además, advirtió que el aumento al impuesto de dividendos para inversionistas del exterior elevaría la tasa nominal combinada (sociedad-socio) del 48 % hasta el 54,5 %, y hasta el 65 % para sectores con sobretasas, lo que perjudicaría gravemente la capacidad de atraer nuevas inversiones.
Respecto al impuesto al patrimonio, que busca reducir el umbral y aumentar la tarifa marginal máxima al 5 %, el gremio lo calificó de antitécnico, acumulativo y dijo que grava activos ya sometidos a otros impuestos, generando una múltiple tributación económica y distorsionando las conductas de ahorro e inversión.
También señaló que los cambios en la tributación de la economía digital, que incrementan la tarifa por Presencia Económica Significativa (PES) al 5 % (desde el 3 %), redundarían en mayores costos para la transformación tecnológica de las empresas.
Finalmente, la ANDI criticó duramente el monto aprobado para el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, indicando que este no refleja el mensaje de austeridad que los analistas han insistido en promover en pro del saneamiento de las cuentas públicas.
Aunque el PGN fue reducido en $10 billones durante su trámite en el Congreso, la ANDI considera que se requeriría un recorte adicional de al menos $35 billones para asegurar la sostenibilidad fiscal del país y mantener la competitividad del sector productivo.
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